El Poder Judicial eliminará los datos personales de 40.000 sentencias de diferentes materias, a las que se puede acceder públicamente.
La propuesta es parte de un plan para despersonalizar esos fallos y cumplir con lo dispuesto en la Ley de Protección de las Personas Frente al Tratamiento de sus Datos Personales , Ley N.° 8968.
Esa normativa rige desde setiembre del 2011, para garantizar el derecho de las personas a la autodeterminación informativa respecto al tratamiento de sus datos.
La ley prohíbe a cualquier empresa o institución pública aprovisionar “datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual, entre otros”.
El 5 de marzo próximo vence el plazo para que esos “datos sensibles” sean regulados. Precisamente, las 40.000 resoluciones que se corregirán incluyen todas las que fueron dictadas desde que entró en vigencia la ley (setiembre del 2011) a la fecha, así como el estimado de votos que se emitirán hasta marzo.
La Comisión de Protección de Datos del Poder Judicial anunció ayer que ya se publicó el cartel de licitación por ¢18 millones, para contratar una empresa que se encargue de despersonalizar esas sentencias en forma sistemática.
No hay criterio. ¿Deben entonces todas las sentencias judiciales eliminar los datos personales de las partes? El Poder Judicial aún no tiene un criterio al respecto.
El magistrado Carlos Chinchilla, presidente de la Comisión de Protección de Datos, dijo que, en su opinión, la despersonalización de datos en los documentos debe ocurrir solo cuando están asociados a datos “sensibles”.
Por ejemplo, señaló que si en una sentencia judicial aparece el nombre del actor y se dice que es portador del VIH, entonces, debería eliminarse el nombre para evitar que eventualmente sea discriminado por esa información.
“Yo no comparto que el nombre sea un dato sensible porque es un dato público. Si se pretende despersonalizar todo, vamos a quedar en un limbo de información.
”Debe haber un equilibrio entre la despersonalización de datos de los documentos que no tengan datos sensibles y el derecho de la sociedad a informarse y de informar sobre eso”, aseveró.
Por su parte, Arlene González, directora de la Agencia Protectora de Datos de los Habitantes (Prodhab), ente adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, explicó que información como el domicilio exacto, condición financiera, preferencia sexual o información biomédica no pueden ser de acceso público.
Además, añadió: “Para que los datos sean dados a conocer, tiene que existir el consentimiento expreso del titular. No se puede identificar al sujeto; los distintos tribunales, incluso los administrativos, tampoco pueden”.
Carlos Chinchilla aseguró que aún se discute en la comisión cuál será la interpretación de lo que es un dato “sensible”.
El Poder Ejecutivo ya tiene en estudio un borrador del reglamento a la Ley N.° 8968.