Un proyecto de ley pretende que no solo los jueces penales puedan escuchar las intervenciones telefónicas, sino que también lo hagan técnicos, fiscales y policías especializados.
Actualmente, la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones (N.° 7425) faculta únicamente a los juzgadores a realizar, en forma personal, la intervención telefónica en ciertos delitos durante las horas que sean necesarias.
El expediente lo presentó el miércoles a la corriente legislativa el diputado libertario Carlos Góngora, quien afirmó: “Proponemos que haya órganos auxiliares debidamente autorizados que realicen las intervenciones telefónicas; además, que no se limiten a la materia penal, sino que avancen a otras”.
El legislador arguyó que la labor de escucha telefónica les quita mucho tiempo a los jueces. El plan de reforma de la Ley N.° 7425 –con 17 años de vigencia– pretende que haya órganos auxiliares que realicen esa tarea, pero mantiene la potestad exclusiva del juez para la autorización formal de la intervención.
Ese mismo juez deberá indicar cuál funcionario será el responsable de la intervención y este deberá informarle sobre la diligencia dentro de los tres días siguientes.
Carlos Chinchilla, magistrado de la Sala Tercera, afirmó: “Desde mi óptica, siempre tiene que ser un juez de garantía el que ordene la intervención telefónica, pero no necesariamente que sea él quien deba escuchar todos los teléfonos intervenidos. Debe delegarse en personas técnicas que logren conocer e identificar el lenguaje cifrado”.
Actualmente, las intervenciones se manejan desde el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que cuenta con el equipo para tal labor.
Sin embargo, aún no se define cuándo se habilitará el Centro de Intervención de las Comunicaciones, el cual carece de financiamiento para darle respaldo.
Más delitos. La ley vigente permite las intervenciones para delitos agravados como secuestro extorsivo, corrupción agravada, explotación sexual, fabricación o producción de pornografía y delitos por narcotráfico.
El plan pretende ampliar las escuchas a casos de delitos simples como corrupción, proxenetismo y homicidios, así como a procesos tributarios, financieros, mercantiles, civiles y administrativos.
También, para crímenes de lesa humanidad, delitos informáticos, contra los poderes públicos o la autoridad pública y delitos de orden constitucional, entre otros.