Desde febrero de 1984, y siempre a instancias de las familias, se realizaron cerca de seis investigaciones sobre el Diana D , ninguna de las cuales logró encontrar rastros de los hombres ni del barco.
Las pesquisas se produjeron porque, luego de trascender la desaparición de la embarcación, surgieron distintas versiones sobre lo sucedido. Hubo publicaciones en periódicos de nuestro país, México y Guatemala, donde se daban todo tipo de conjeturas.
La que más se investigó fue una que daba cuenta de que, en el navío, junto al cargamento de frijoles, se trasladaban armas, y que por esa razón el barco fue interceptado. Otra versión detallaba que los ocupantes del Diana D presuntamente estaban detenidos en cárceles de Nicaragua. En la década 1980, ese país sufría un conflicto bélico entre el gobierno liderado por los sandinistas y los grupos contrarrevolucionarios, que pretendían privarlos del poder.
Infructuosas. La primera pesquisa la realizó el Gobierno costarricense en febrero de 1984. Se encargó al oficial mayor de Seguridad Pública, Francisco Tacsan (ya fallecido), visitar Nicaragua para recorrer las cárceles y el puerto de Corinto, donde se mencionaba que estaba anclada la embarcación. La comitiva costarricense no encontró nada.
En noviembre de 1997, una comisión investigadora del Ministerio de Relaciones Exteriores entregó otro informe sobre la embarcación. En su conclusión solo se menciona que la nave nunca entró en aguas territoriales del Pacífico costarricenses.
Jean-Marc Bornet, delegado regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), proporcionó, en mayo de 1999, a la Cancillería tica, otro informe, donde se aseguró que, tras reuniones con los responsables del sistema penitenciario de Nicaragua, se estableció que entre los años 1986 y 1989 no aparecieron como ingresadas en las cárceles las personas que venían en el Diana D.
Paralelamente, en marzo de 1999, Enrique Berruga Filloy, embajador de México en nuestro país, hizo llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores otro documento con las investigaciones que en 1984 realizaron, en forma conjunto, los Gobiernos de México, Guatemala, Nicaragua y Estados Unidos. En ese informe se detalló que, tras recorridos con aviones de rastreo C-130 y visitas a los puertos en el golfo de Fonseca, nunca se obtuvo mayor información sobre el barco.
En ese momento, la Defensoría de los Habitantes instó a las familias de los costarricenses desaparecidos que considerasen llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.