San José (Redacción). Oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron hoy en la mañana las oficinas centrales del Ministerio de Hacienda, como parte de las investigaciones por la posible comisión del delito de acceso desautorizado a información tributaria.
La acción policial está relacionada con una denuncia que presentó el pasado 17 de abirl el Ministerio de Hacienda contra 12 funcionarios, cuya lista se mantiene en secreto, asi como el sitios donde laboran. En aquel momento el viceministro de Hacienda, Rowland Espinosa Howell, informó, en un comunicado de prensa, que la denuncia se efectuó en cumplimiento del artículo 281 del Código Procesal Penal, el cual obliga a los funcionarios públicos a señalar de oficio los delitos que lleguen a su conocimiento durante sus labores.
Espinosa Howell agregó que Hacienda cuenta con una certificación de la Dirección de Tecnología de Información Tributaria, donde se constata que “al parecer, se dieron reiterados accesos ilegítimos a la información tributaria de carácter confidencial que resguarda el Ministerio de Hacienda”.
Según el comunicado, “se detectaron, no solo los casos que trascendieron en los últimos días en los medios de prensa, sino que se evidenció también que se había accedido a la información de muchas otras personas, tanto físicas como jurídicas, de diversos sectores de la sociedad y la economía”.
El 3 de abril, una investigación de La Nación reveló que la sociedad Procesos, Investigación y Asesoría CA, creada por el exministro de Hacienda Fernando Herrero, y su esposa Flor Isabel Rodríguez, registraba ingresos de ¢20.575.421 para el período fiscal 2009-2010.
La investigación detectó, además, que esa compañía recibió, al menos, ¢71 millones en ese lapso. Horas antes de la publicación, Herrero y su esposa renunciaron a sus cargos como ministro y asesora de Presidencia, respectivamente.
*En una versión anterior de esta noticia, se consignó por error que el allanamiento realizado hoy por el OIJ en las oficinas del Ministerio de Hacienda se debió por una investigación del delito de influencia contra la Hacienda Pública, cuando en realidad respondió a una pesquisa sobre acceso desautorizado a información tributaria .