Una nueva acusación contra un defensor público atizó las diferencias que trascendieron desde junio pasado entre la Defensa Pública y el Ministerio Público, ambas dependencias del Poder Judicial.
El roce surgió luego de que la Fiscalía emitió una orden de presentación (se gira a la Policía para que arreste y lo lleve a un despacho judicial) contra el defensor Alberto García Chaves.
La medida se tomó porque al profesional se le abrió una causa penal por el delito de divulgación de información confidencial (castigado con pena de dos a ocho años de cárcel) pues durante una audiencia judicial por un homicidio, en el que figura como imputado un menor de edad, se opuso a que una persona recibiera el beneficio de “testigo protegido”.
Explicación. La nueva Ley de Protección a Víctimas, Testigos y demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal concede el rango de testigo protegido a una persona cuya declaración sea fundamental en una acusación, y se permite mantener en secreto su identidad cuando divulgarlo signifique un peligro para su seguridad personal.
García explicó que se opuso porque el nombre de esa persona, su dirección y otras señas constaban en el expediente del homicidio y, además, era conocida por su defendido.
El defensor público del área penal juvenil dijo que la jueza penal juvenil, Marianela Corrales Pampillo, avaló su criterio y rechazó la gestión de la Fiscalía.
Precisó que en ese momento la Fiscalía no apeló la resolución, la cual adquirió firmeza.
Alberto García señaló que la semana anterior se enteró de que había una orden de presentación girada en su contra y de inmediato se presentó para saber de qué se trataba. Agregó que en primera instancia lo identificaron y lo citaron para ayer a las 9 a. m. para que rindiera declaración sobre las imputaciones. El defensor no quiso suministrar detalles de su declaración, pero dijo que confiaba en que la acusación fuera archivada.
Argumento. La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la causa contra García se inició cuando el Juzgado Penal Juvenil –el 4 de mayo pasado– ordenó testimoniar piezas (le pide a la Fiscalía investigar) contra el Defensor Público por divulgación de secretos.
Agregó que la causa la lleva la Unidad de Trámite Rápido y que no se consideró necesaria la solicitud de medidas cautelares, mientras sigue la pesquisa.
Marta Iris Muñoz, jefa de la Defensa Pública, dijo que tienen una lista de al menos 14 casos en que hay reiteradas actuaciones que deben ser corregidas.
“Se podrían tomar como intimidatorias para la labor que debemos desempeñar”, advirtió.
El magistrado José Manuel Arroyo, coordinador de la Comisión de Asuntos Penales, dijo que en una o dos semanas discutirán el tema de los roces con los jerarcas de ambas entidades.