Dos mexicanos y dos costarricenses fueron sentenciados ayer a entre 8 y 12 años de cárcel por el Tribunal de Juicio de Alajuela, que los encontró responsables del delito de tráfico de drogas y lavado de dinero.
La condena está relacionada con la desarticulación, el 28 de junio del 2013, de una organización que se dedicaba a enviar cocaína desde aquí hacia México. Al mismo tiempo, adquiría bienes como carros y caballos de trote, como una forma de invertir el dinero proveniente de la actividad.
Los castigados fueron los hermanos mexicanos Victoriano (12 años) y Jorge Marciano Alvarado Carrillo (8), así como los ticos Johan Mauricio Alvarado Rodríguez (10) y Ulises Chaves Arias (8).
Los jueces prorrogaron, durante un periodo de ocho meses, la prisión preventiva de los condenados, mientras el fallo queda en firme.
Asimismo, ordenaron el comiso a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) del dinero, vehículos y un caballo.
Antecedente. Este grupo, junto con otros tres implicados (dos hermanos de apellido Valverde y otro sujeto de apellido Hernández), fueron detenidos en junio del 2013. Los allanamientos se realizaron en Moravia, Desamparados (San José), El Coco y Poás en Alajuela y en Belén, Heredia.
En aquel momento, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía informaron de que se trataba de una célula que pertenecía al cartel mexicano de los Caballeros Templarios.
El presidente del Tribunal, Miguel Fernández Calvo, dijo ayer lo siguiente: “No sabemos de dónde salió esa relación, que tanto se ha hablado. El Tribunal no tiene en sus notas ni en las pruebas a mano nada de una relación con los Caballeros Templarios”.
Fundamento. Fernández expresó que el descubrimiento de este grupo ocurrió durante la investigación del homicidio de la modelo tica Pamela Céspedes Segura y el coronel retirado de Guatemala, Sigifredo Fernández Sierra, perpetrado en noviembre del 2012, en La Guácima, Alajuela.
“Hay una intervención telefónica por el homicidio, que da origen dentro del homicidio a un tráfico de drogas, que tenía relación con ese homicidio, que el homicidio no se acusara porque no se determinara prueba para realizar la acusación en nada afecta el proceso por infringir la Ley de Estupefacientes (...) La intervención estuvo bien realizada”, dijo.
El juez Fernández agregó que para dictar sentencia se contó, además, con otros elementos de prueba como el dinero decomisado ($200.000 y ¢3 millones), 80 kilos de cocaína y cinco armas de fuego. “El dinero fue localizado en cielorrasos, en llantas de vehículos. Todo eso el Tribunal lo ha analizado”, afirmó.
Por estos mismos hechos, los hermanos Valverde se habían acogido a un proceso abreviado.
En tanto, otro implicado de apellido Hernández tiene un proceso pendiente, el cual se tramita en los Tribunales de Heredia.