Un policía de la Fuerza Pública, de apellidos González Elizondo, fue sentenciado a cuatro años de prisión y se le inhabilitó de sus funciones por el mismo plazo, al prosperar la acusación de la Fiscalía por el delito de procuración de impunidad.
Según el fallo del Tribunal Penal de San Ramón, se comprobó que González se valió de su cargo como oficial en la delegación de Palmares para colaborar con una estructura familiar que se dedicaba a la venta de droga en la zona.
El policía informaba a los miembros del grupo sobre las distintas diligencias judiciales de investigación que se iban a ejecutar en contra de ellos, para que así lograran evadir la justicia.
La sentencia fue dictada el 24 de marzo y la lectura integral del fallo será el 17 de abril.
El uniformado trabajaba en la delegación de Palmares, pero vivía en San Ramón. Al ser sentenciado, de forma automática queda fuera de la Fuerza Pública, dijo Daniel Calderón, viceministro de Seguridad, quien afirmó que desde el inicio se colaboró con el OIJ para que se llegara hasta las últimas consecuencias.
Calderón agregó que la política es de cero tolerancia contra esos casos de corrupción y que hay varios casos similares que están en investigación y se trabajan en paralelo con la Policía Judicial.
Indicó que en el escenario actual, el riesgo de corrupción en la Policía y en las instituciones públicas aumenta debido al poder de corrupción y las altas sumas de dinero que las organizaciones criminales ofrecen a cambio de información privilegiada que les facilite las cosas.
A raíz de eso se creó en la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Pública un grupo de trabajo orientado a la detección y procesamiento de oficiales vinculados a corrupción y crimen organizado. Esa unidad entrenada por personal de Colombia y Estados Unidos comenzó a operar en noviembre.
En el caso de González Elizondo, debido a que se trata de una pena de cuatro años, el policía podría ser beneficiado con la ejecución condicional de la pena, es decir, posiblemente no vaya a la cárcel a menos de que sea detenido durante ese periodo por otro delito.
La procuración de impunidad se encuentra estipulada en el artículo 62 de la ley de narcotráfico (N.° 8204) y contempla penas de tres a diez años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas al servidor o funcionario público que procure por cualquier medio la impunidad o evasión de las personas sujetas a investigaciones por drogas, legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo.
Mujer también fue sentenciada
En la misma causa de condena al policía, una mujer apellidada Vargas Carrillo fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de venta de drogas.
El Ministerio Público logró acreditar que ella formaba parte de la organización, la cual estaba conformada por su madre, padre y hermana, quienes se encuentran descontando una pena por el delito de venta de drogas y que desde la cárcel movían toda la estructura.
Esa agrupación estaba a cargo de un sujeto de apellidos Sibaja Solórzano, detenido en el 2019, quien reclutó en sus filas al policía para así facilitar la comercialización de droga en Palmares, San Ramón y Grecia.