El narcotráfico perdió $2 millones (¢1.137 millones) en drogas que intentaron meter para la venta en los centros penitenciarios del país, durante el 2017.
El dato consta en un informe elaborado por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) sobre el impacto del consumo de estupefacientes en las cárceles.
Según el estudio, las autoridades se incautaron de 178 kilos de marihuana, 36 kilos de cocaína y 44.989 piedras de crack. En total, se hicieron 4.416 decomisos.
Esas cantidades son superiores a los decomisos efectuados en el 2016, cuando la policía se apoderó de 130 kilos de marihuana, 24 de cocaína y de 38.006 piedras de crack.
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Para el equipo de investigadores del ICD y tomando en cuenta los decomisos y la posible población adicta que está en los presidios, se puede proyectar que anualmente en los 15 centros penales del país se podrían estár comercializando cerca de $8 millones (¢4.548 millones) en estupefacientes.
Voz de alerta
Guillermo Araya Camacho, director del ICD, dijo que el informe se fundamentó en el tema económico, con la intención de concientizar a los costarricenses sobre el hecho de que el mercado en las cárceles es importante para las organizaciones narcotraficantes.
“Basados en la teoría económica queremos demostrar que el crimen organizado maneja este nivel de ingresos y le hemos quitado $2 millones", advirtió.
Para el director del ICD este tipo de delincuencia debe ser enfrentada con leyes que golpeen su poder económico. Al respecto dijo: "Nuestro marco jurídico necesita leyes como la ley de extinción de dominio, que es un instrumento para debilitar el poder económico del crimen organizado".
Este proyecto se encuentra en la Asamblea Legislativa pero se ha topado con muchos inconvenientes, pues se alega que contiene artículos que son inconstitucionales.
Por su parte, la ministra de Justicia, Marcia González Aguiluz, dijo que la información recabada es vital para definir las políticas que se giran desde su cartera.
"Estas cifras revelan un serio problema en los centros penitenciarios. Es una llamada de atención sobre los hábitos de consumo de las personas privadas de libertad y estos niveles de dependencia pueden incidir directamente cuando regresen a sus comunidades y propensos a la violencia asociada a esos delitos", argumentó.
En criterio de la titular de Justicia esta problemática se debe enfrentar con la pronta aprobación de una ley para bloquear la señal de celulares en los centros penitenciarios (está a la espera de segundo debate en el Congreso), que según su criterio limitará el funcionamiento de las organizaciones criminales en la cárcel.
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Asimismo, dijo que en enero se desarrollará un proyecto para atender a la población adicta que se encuentra en prisión. Agregó que esperan tratar el próximo año a unos 500 privados de libertad.
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Otros hallazgos
En la investigación también se pudo determinar que los días sábados y domingos es cuando se hicieron la mayoría de incautaciones. Dichos días es cuando hay visitas de familiares a los centros penales.
Las autoridades detuvieron a 2.424 personas implicadas con el trasiego de los estupefacientes. De ellos, el 79% fueron privados de libertad y el 16% visitantes.
Entre los involucrados en el ingreso de drogas hubo ocho funcionarios administrativos de Adaptación Social y dos miembros de la Policía Penitenciaria.
El estudio determinó que durante el año se detuvo a 380 mujeres tratando de introducir droga, algunas de ellas, sorprendidas cuando llegaron a visita conyugal.
La ministra de Justicia, Marcia González, dijo que esta cifra resulta alarmante pues este delito tiene un castigo de prisión y actualmente el 76% de la mujeres detenidas en el centro de mujeres El Buen Pastor en Desamparados, están por hechos relacionados con drogas.