Una mansión de dos pisos, en proceso de construcción, sobresale en un barrio de clase media en La Guácima, Alajuela. Tiene amplias habitaciones, lujosos pisos en mármol, grandes espacios para áreas verdes, piscina con rancho y bar.
Al inmueble, que semeja la residencia de una gran hacienda, le faltan los acabados finales.
El dueño registral del terreno es una sociedad, uno de cuyos socios está en prisión preventiva, como sospechoso de integrar una banda dedicada al delito de legitimación de capitales.
La vivienda, que se presume sería usada para fiestas o recibir distinguidos visitantes, está a un kilómetro del aeropuerto Juan Santamaría. Está valorada en $2 millones (¢1.140 millones), razón por la cual es hasta ahora el bien más caro decomisado al narcotráfico.
Según datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), al 30 de setiembre , hay 13.951 bienes decomisados, pues se sospecha fueron adquiridos con dinero generado por un hecho ilícito y están a la espera de que algún tribunal ordene su traspaso al Estado.
Entre los objetos hay 46 casas o terrenos, 10 aeronaves, 1.377 automotores y 5.177 joyas, muchos de los cuales están en venta o en proceso de ser donados a alguna institución.
Desde peluches hasta calzoncillos
Guillermo Araya Camacho, director del ICD, manifestó que se guardan artículos desde la década de los años noventa.
"Sinceramente, de aquellos años, lo que quedan son problemas. No había un sistema automatizado y hay bienes que no se consiguen.
"Era una especie de botadero donde se acumulaba todo. Llegaban a la casa de un narcotraficante y se decomisaba todo, las pijamas, calzoncillos, hasta osos de peluche (...). Fue hasta el 2009, que en la ley se introdujo el término 'aquello que genere interés económico', donde se determinó decomisar cosas que sí se puedan vender y que generen dinero.
“Cuando llegué (diciembre del 2014) había unos 25.000 bienes, ya los bajamos. Iniciamos un proceso de limpieza y clasificación. Para solo citar un hecho, hace dos años hicimos un remate de chatarra que resultó bastante llamativo. Metimos en un contenedor bienes en mal estado, como taladros, esmeriles, abanicos, artefactos de cocina. Nada encendía. Nosotros no podemos dedicarnos a repararlos. Trescientos veinticinco objetos. Se vendieron en ¢4,5 millones”, relató el jefe del ICD.
La Ley contra la Delincuencia Organizada y el Código Penal permiten a las autoridades el decomiso (retención provisional) de un artículo cuando existan sospechas de que fue comprado con dinero ilícito. El objeto pasa a poder del Estado, o se comisa, cuando un juez o tribunal así lo ordena.
El dinero generado por esas ventas se dedica a la prevención, al reforzamiento de las labores policiales y al mantenimiento de los bienes decomisados. Por ejemplo, la casa en La Guácima, cuenta con seguridad privada, pues luego de que detuvieron a los dueños (una banda liderada por un panameño), desconocidos comenzaron a desmantelar el inmueble.
Modernas empresas
Guillermo Araya explicó que en la actualidad los decomisos son menos frecuentes en comparación a lo que pasaba hace unos años.
"Antes eran uno o dos grupos. Eran capos. Compraban casas y las ponían a nombre de la esposa, padre, madre, primos. Ahí salía la figura del testaferro. A ellos no les importaba perder una casa, un vehículo (...). Ahora, las estructuras son más pequeñas, pero minimizan las pérdidas.
"Ya no despilfarran. Usan una nueva modalidad de adquisición de bienes con terceros desconocidos. En tanto, ellos alquilan mansiones, ya no construyen. Los carros los adquieren por leasing. Usan contadores, auditores y supervisores que administran las ventas. Los vendedores hasta tienen salario, con premios o bonos por ventas. Antes daban droga y le decían me paga tanto y lo que es extra, es tuyo. Ahora no.
"El modo de administrar es más científico, una estructura empresarial. Lo que hacen es optimizar el dinero. Ellos, hasta el tiempo en la cárcel, lo presupuestan. Son seis, ocho o 10 años pero cuando salgo, recupero mi dinero. Costa Rica ha avanzado mucho en la lucha por la legitimación de capitales (...). Esperamos que la nueva ley de extinción de dominio nos venga a dar ese equilibrio en la lucha contra la criminalidad y esos nuevos métodos", señaló.
Araya agregó que la legislación permite la venta anticipada de los objetos decomisados. Explicó que en el caso de que el fallo judicial ordene la devolución del bien, lo que la institución hará será entregar el dinero.
Críticas al modelo de comiso
Abogados penalistas, quienes en diversas ocasiones han representado a imputados a quienes el Estado confiscó alguna posesión, expresaron críticas al modelo.
Uno de ellos, Leonel Villalobos Salazar, lo calificó como “draconiano” (muy severo), pues dijo: “En los allanamientos se exceden, decomisan artículos que nada tienen que ver con la investigación (...) y, cuando ocurre el comiso, se incautan algunos bienes, a pesar de que no se acredita debidamente que hayan sido obtenidos con dinero del narcotráfico”.
Agregó que a algunos clientes absueltos “les han devuelto los bienes (carros) deteriorados, porque las autoridades los usan para su trabajo”.
En tanto, Gerardo Huertas Angulo consideró que la ley actual es la adecuada de como debe funcionar el comiso. Sin embargo, hizo ver que en ocasiones “los bienes se pasan al Estado porque en algún momento estuvieron decomisados, pero no se demostró (en juicio) que fueron parte de la actividad ilícita”.
Huertas sí se manifestó opuesto a la nueva ley de extinción de dominio que impulsa el ICD, pues dijo: “A mi juicio, resultaría abusiva, se violan los derechos fundamentales porque parte de una presunción de culpabilidad y revierte la carga de la prueba”.
Francisco Campos Bautista estimó que la ley actual permite la venta anticipada de un bien, situación que calificó como “una expropiación”, lo cual dijo es ilegal y está prohibido constitucionalmente.”Si a usted lo condenan, que la sentencia diga que el comiso de los bienes viene, pero no una venta anticipada”, alegó.
Dueños en prisión
Los miembros del grupo, a los cuales se atribuye la propiedad de la casa en La Guácima, se encuentra en prisión preventiva.
El lider es un panameño identificado como Roberto Humberto Welch Sevillano, de 41 años, y dos costarricenses, uno de apellidos Torres Olivas, de 60 años, vecino de Llorente de Tibás, y un abogado de apellidos Sánchez Pereira de 45 años, de La Guacima.
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Welch fue detenido en Corredores, Puntarenas, el 17 de diciembre del 2015, pues existía una gestión de extradicción de Panamá, ya que se había fugado de la prisión, en donde descontaba penas por tráfico de drogas y homicidio.
Posteriormente, el 7 de diciembre del año pasado, el Ministerio Público le atribuyó el dirigir, desde una celda de La Reforma, una organización que se dedicaba al lavado de dinero. Por ese caso está en preventiva hasta este próximo 7 de diciembre. En igual situación están Torres y Sánchez.
Además, el Tribunal Penal de Corredores declaró en firma la extradición del panameño, pero el pasado 1.° de setiembre ordenó diferir la entrega hasta que sea resuelta la causa número 16-000130-1219-PE por el delito de legitimación de capitales, que se tramita en el Juzgado Penal de Garabito, Puntarenas.