Fiscalía pide sobreseer a Macho Coca del presunto pago de dádivas a tráficos

Ministerio Público separa proceso por delito de tráfico de drogas en busca de más pruebas

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El Ministerio Público solicitó que se dicte un sobreseimiento definitivo a favor de Gilbert Bell Fernández, conocido como Macho Coca, en una causa en la cual se le investigó por, presuntamente, pagar dádivas a tres tráficos.

La gestión la presentó ante el Juzgado Penal de Goicoechea, el pasado 16 de diciembre, la Fiscalía Adjunta Contra la Delincuencia Organizada (Facdo).

La fiscalía hizo el planteamiento tras considerar que la investigación policial no logró demostrar que existían elementos suficientes para llevar a Bell a juicio por el delito de penalidad de corruptor, que sanciona con cárcel a la persona que ofrezca el pago de una suma de dinero para obtener un beneficio propio.

En esta misma causa, que se tramita en el expediente 14-000303-1219-PE, también se pide exonerar de cualquier anomalía a tres oficiales de la Policía de Tránsito de apellidos Dondi López, Moya Moya y Marchena Gutiérrez. A estos se les atribuyó el delito de cohecho impropio, que es recibir dinero para permitir una acción anómala.

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El abogado Manrique González, uno de los defensores de Gilberth Bell, declaró: "Desde el principio dijimos que ibamos a demostrar la inocencia plena de él y este es el resultado de una investigación de la defensa, que fue una demostración de pruebas técnicas, testimoniales y científicas, que acreditaron la inocencia (en el caso de penalidad del corruptor).

Agregó que reconocía que en ese caso el Ministerio Público actuó de una forma objetiva pues llegó al conocimiento justo de las pruebas.

Hasta este viernes el Juzgado Penal de Goicoechea no se había pronunciado con respecto a la solicitud del Ministerio Público de dictar sobreseimiento.

Causa simultánea

Paralelamente, el 19 de diciembre del 2016, la misma fiscalía acusó a dos hermanos de apellidos Valerio Chaves, conocidos como el Gordo y Yayo, y pidió elevar a juicio el proceso como sospechosos del delito de posesión de drogas para el comercio ilícito. La gestión consta en el expediente anteriomente citado.

Los hermanos fueron detenidos el 7 de octubre del 2015, junto con Bell Fernández, por presuntamente integrar una organización delictiva que se dedicaba a trasegar marihuana y cocaína de Limón hacia San José.

Sin embargo, Bell no fue acusado por el delito de narcotráfico, pues el Ministerio Público lo que hizo fue testimoniar piezas, es decir, creó una copia del expediente principal (ahora lo identifican como 16-158-1219-TP) para continuar con la recabación de pruebas.

La oficina de prensa de la Fiscalía General de la República aclaró que la investigación contra Bell "se tramita por narcotráfico y legitimación de capitales, y se mantiene activa en la Facdo".

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En cuanto al hecho de testimoniar piezas en el caso de narcotráfico, el abogado de Macho Coca consideró que la fiscalía "esta haciendo un proceso extraordinario. Lo normal es pedir un sobreseimiento definitivo en esa causa, pero respetuosos de los procedimientos, de las medidas, de las directrices judiciales estaremos a la espera de los requerimientos que el Ministerio Público nos haga en cualquier sentido".

En esta segunda gestión, el Juzgado Penal de Goicoechea tampoco ha resuelto.

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Antecedentes

El nombre de Gilbert Bell, un hombre que habita en Limón y siempre se le ha relacionado con la pesca, salió a la luz pública en agosto del 2015, cuando la policía allanó un complejo portuario en Portete de Limón, que presuntamente fue construido en un terreno que es del Estado.

En el lugar se hicieron obras valoradas en más de ¢2.000 millones, entre ellas un moderno muelle de 60 metros de largo. Según las autoridades judiciales dichas instalaciones fueron usadas el 18 de noviembre del 2014 por una organización narco, para atracar una lancha con 318 kilos de marihuana comprimida, procedente de Jamaica.

Ese caso generó una investigación legislativa que desencadenó con la destitución de Bell Fernández como asesor en Limón del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), asi como de la directora de esa entidad, Anita McDonald.

Bell, los hermanos Valerio y los tres tráficos fueron detenidos el 7 de octubre del 2015 por presuntamente integrar una organización narcotraficante. En el allanamiento a una casa propiedad de uno de los hermanos Valerio, que se ubica en Calle Blancos de Goicoechea, fueron decomisados ocho kilos de cocaína.

En aquel momento, la Fiscalía relacionó a Bell y a los Valerio con el trasiego de los 318 kilos de marihuana que ingresaron desde Jamaica y con otro decomiso de dos kilos de cocaína el 27 de mayo del 2015, en las cercanías del peaje del Zurquí, sobre la ruta 32 (por ese caso se detuvo a otro hombre de apellidos Carvajal Perlaza).

Aunque al inicio, contra Bell y los Valerio se dictó prisión preventiva, Macho Coca fue dejado en libertad el 8 de abril del 2016.

La investigación realizada por la Sección de Estupefacientes del OIJ, y que generó la desarticulación de esta banda, fue premiada en el 2015 como la segunda mejor pesquisa del año.

Otros procesos

Gilbert Bell Fernández, además de este proceso por narcotráfico y legitimación de capitales, tiene pendientes otras dos causas, comunicó el Ministerio Público.

Una es el expediente 15-000440-063-PE, en la cual además de Gilbert, figuran dos hermanos de él (uno con los mismos apellidos y otro Álvarez Fernández), así como otros cuatro hombres apellidados Garita Lara, Guevara Mondragón, Picado Grijalba y Rivera Salazar.

Ese proceso es por el delito de usurpación de bienes de dominio público, al estar ocupando espacio de la zona marítimo terrestre en Portete de Limón, sin contar con ningún tipo de autorización por parte de la Municipalidad de Limón, ni del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Existe también el expediente 12-000291-0063-PE, en la cual aparece Bell, su esposa que es de apellido Araya Bougle, el alcalde de Limón, Néstor Mattis Williams, y otro hombre de apellido Palacio. Ahí se investigan los delitos de contratación irregular, peculado y malversación de fondo.

Colaboró la periodista Eillyn Jiménez