El Ministerio Público confirmó que está investigando cómo fue que Costa Rica alertó a las autoridades de Málaga sobre un cargamento de casi media tonelada que llegó recientemente a aquel puerto español, procedente de nuestro país.
El fiscal adjunto Mauricio Boraschi, en entrevista con La Nación, precisó que, si se hubiese tratado de una “entrega vigilada”, la Policía tica detecta la droga, levanta un acta y deja que el contenedor llegue a su destino. Dicho procedimiento solo puede realizarse si cuenta con la autorización expresa del fiscal general de la República.
Sin embargo, en este caso en particular, Boraschi señaló que no se notificó a la Fiscalía sobre esa operación, por lo que están determinando en qué consistió la “alerta” y todos los detalles relacionados con ella, dados a conocer por el ministro de Seguridad, Mario Zamora, cuando cayó este cargamento que salió de Moín, en Limón.
El fiscal explicó que existe una gran diferencia entre una “alerta policial” y una “entrega vigilada o controlada” (regulada por la Ley de psicotrópicos). Por tanto, están investigando lo que realmente ocurrió para evaluar las acciones correspondientes en lo que a ellos compete.
El fiscal fue enfático en que el Ministerio Público no ha autorizado entregas vigiladas desde que los escáneres comenzaron a operar el 13 de julio, y ni siquiera estaba enterado de la alerta que Seguridad Pública habría enviado a España sobre el caso de Málaga, donde se encontraron casi 476 kilos de cocaína ocultos en una carga de chatarra. Inicialmente, Cadena SER informó que era cacao.
Agregó que la Fiscalía pidió informes a las autoridades homólogas de España para esclarecer los detalles de este cargamento de droga. También solicitó detalles a la Policía de Control de Drogas (PCD) del Ministerio de Seguridad Pública para determinar qué tipo de colaboración brindaron a España.
Boraschi dijo que no han tenido comunicación con el ministro Zamora, por lo que la Fiscalía está llevando a cabo sus propias investigaciones.
Además, mencionó que todavía no tienen confirmación de si ese contenedor con chatarra fue escaneado en Moín, aunque “en tesis de principio, de acuerdo con la información pública que ha proporcionado el Gobierno, sí debe haber sido escaneado”.
La Fiscalía sigue sin tener claridad sobre lo que ha venido ocurriendo en los muelles del Caribe costarricense y, por lo tanto, inició una investigación sobre los dos casos recientes de decomisos en Europa, con la colaboración de autoridades de España y Países Bajos, para determinar cómo se ejecutó el contrabando de drogas.
El caso de Países Bajos trascendió el lunes pasado, cuando La Nación divulgó que 496 kilos de coca llegaron a Róterdam a finales de agosto pasado, ocultos en una carga lícita de piña. El Ministerio de Seguridad Pública reconoció que el escáner sí revisó esa carga y no detectó la droga, al parecer por fallos en el equipo, provocados por un presunto vandalismo denunciado desde mediados de julio.
Boraschi agregó que de estos asuntos: “Nos dimos cuenta por la información que comenzó a circular en los medios y, a partir de ahí, activamos nuestras fuentes para corroborar”.
No se descartan más casos
En la Fiscalía no descartan que puedan seguir apareciendo otros contenedores contaminados y desconocen si organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) emitió algún aviso sobre las drogas ilícitas descubiertas el 22 de agosto en Róterdam o el caso reciente en España, ya que, históricamente, la Fiscalía solo recibe información de la PCD o de la Sección de Estupefacientes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Ambos cuerpos antidrogas manifestaron a la Fiscalía que están realizando averiguaciones sobre ambos hechos.
En lo que respecta a las cargas, todavía es demasiado pronto para determinar si salieron directamente del lugar donde se embaló el producto lícito de exportación o si fueron agregadas en el trayecto del tráiler hacia el muelle de APM Terminals, en los predios donde se estacionan antes de ingresar al muelle, o en la propia terminal portuaria.
Boraschi señaló que la información solicitada a España y Países Bajos ayudará a determinar el tipo de contaminación que se produjo, ya que existen muchas formas de llevarla a cabo. Los investigadores intentarán identificar a las personas responsables de estos envíos y la manera en que eludieron la seguridad portuaria.
La Fiscalía inició de inmediato investigaciones desde el punto de vista penal para determinar quién está a cargo de estos envíos. En cuanto a la vulnerabilidad de los escáneres y la seguridad en los muelles, la investigación corresponde al Poder Ejecutivo.
Según Boraschi, los escáneres no son infalibles, ya que son operados por seres humanos.
Una vez que se disponga de detalles sobre lo sucedido, no habrá límites para detener a los responsables, ya sean policías, choferes, empresarios, personal de la empresa concesionaria del muelle, grueros o incluso personas encargadas de la lectura de los escáneres, agregó.
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