El Banco de Costa Rica (BCR) peleará los derechos sobre una finca en Cutris de San Carlos donde aparecieron a inicios de octubre dos helipuertos relacionados con un cartel del narcotráfico.
La propiedad, de 173 hectáreas, tiene una hipoteca a favor de esa entidad, que responde por un crédito de ¢23 millones, concedido el 22 de agosto del 2013.
En esa finca, la Policía halló el 8 de octubre gran cantidad de armas pesadas, municiones, dinero, combustible y dos helipuertos.
Ante una consulta de La Nación , el Ministerio Público comunicó que espera un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para analizar si realiza las anotaciones registrales sobre esa propiedad y todas las demás fincas allanadas en el Caribe, donde había otros helipuertos.
La Fiscalía añadió que, si eventualmente se efectúa un juicio por ese caso, podría solicitar el decomiso a favor del Estado de todos los bienes incautados a la organización, incluidas las fincas. No obstante, dijo que aún no saben cómo se actuará pues el caso apenas se investiga.
Guillermo Quesada, subgerente general del BCR, explicó que es muy probable que dentro de la pesquisa se establezcan medidas cautelares sobre la finca para mantenerla sujeta al proceso.
“En lo que respecta al eventual comiso del inmueble, hay que tener claro que la ley en todos estos casos deja a salvo los derechos de terceros de buena fe, por lo que el Banco estima que siendo esta su posición, y figurando como acreedor legítimo de un derecho de garantía otorgado sobre el bien, que además está debidamente inscrito en el Registro, su derecho se encuentra debidamente tutelado y por ello estará vigilante para que el mismo se respete”, señaló el funcionario del BCR.
Dueño. La finca de 173 hectáreas estaba inscrita a nombre de la firma Siles y Ocampo S. A., cuyo apoderado es un ganadero de Ciudad Quesada (San Carlos) de nombre Roberto Siles Ocampo, quien la compró en febrero del 2011 y pagó, esa vez, ¢50 millones.
El 22 de agosto del 2013, tras recibir un préstamo por ¢23 millones en el BCR, puso a responder la finca por este mismo monto, pero la vendió dos semanas después.
El terreno fue adquirido, el 4 de setiembre, en ¢20 millones pagados en efectivo, por José Antonio Marín Navarro (25 años), un vecino de Guácimo, Limón.
Quesada, del BCR, indicó que esa operación de crédito no está cancelada y, por lo tanto, la atención de la deuda y la garantía hipotecaria siguen vigentes.
Según el Registro Nacional, Roberto Siles se había comprometido a pagar los ¢23 millones mediante cuotas mensuales de ¢272.000, que vencían los días 22 de cada mes, durante 15 años. Pese a que La Nación habló por teléfono con Siles la semana pasada, no quiso referirse al tema.
El BCR señaló que hasta ayer se había cumplido con los pagos mensuales y, pese a que el bien ya se vendió, no han aprobado cambios de deudor.
Ausente. El traspaso de esa finca fue gestionado por la regidora y vicepresidenta municipal de Siquirres, Krysbell Ríos Myrie, luego de presentar la escritura de compraventa el 5 de setiembre en el Registro Nacional.
Pese a que ayer debía presentarse a la sesión del Concejo Municipal, en el salón comunal de barrio El INVU, en Siquirres, se ausentó. Tampoco llegó a su bufete, según expresó su secretaria.
Arturo Castillo, presidente municipal, dijo que todos los miembros esperaban a la regidora para la sesión de las 5:15 p. m., e incluso le dieron tiempo 15 minutos, pero no llegó. Colaboró el corresponsal Alejandro Nerdrick.