Un informe elaborado en el 2012 por la Auditoría del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), recomendó eliminar el subsidio a los pescadores.
El pedido obedece a que en el estudio se concluyó que el precio preferencial dado por Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) a los pescadores ha sido utilizado para otros fines, tales como el ingreso a zonas protegidas, reventa y narcotráfico.
Sin embargo, el ministro de Ambiente de la anterior administración, René Castro, se opuso a eliminarlo y arguyó que lo que lo que había que hacer es solucionar las deficiencias.
Edwin Salazar, jefe de Protección y Registro de Incopesca, se opone a que sea eliminado el subsidio, pero considera que deben darse más controles. Por ejemplo, abogó por hacer una comisión interinstitucional con entidades como el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
También consideró que es urgente aplicar normativas para obligar a los pescadores a usar el registro satelital. “No se trata de eliminarlo, sino de regularlo”, manifestó.
El Proyecto de Ley de Navegación Acuática, iniciativa del gobierno anterior que está en el Congreso, plantea una pena de de tres a siete años para aquellos pescadores que reciben combustible más barato y lo usan en algún acto delictivo.
En el 2014, Incopesca exoneró 32,5 millones de litros de combustible en el país.
El cantón central de Puntarenas es donde los pescadores reciben más combustible a mejor precio.