Un vecino de barrio Los Ángeles de Heredia, señalado como líder de un pequeño grupo que se dedicada a la comercialización de estupefacientes en los alrededores del mercado central de esa provincia, guardaba ¢2,3 millones en efectivo.
Se trata de un individuo de apellidos Hernández Jiménez, de 43 años, detenido el martes durante un allanamiento a su vivienda, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Las autoridades presumen que ese dinero era producto de las ventas de los estupefacientes de los últimos días, lo que demuestra lo rentable que significa tener una pequeña venta de droga al menudeo.
Precisamente, en la casa de Hernández los investigadores también encontraron varias cajetas de droga tipo crack, así como dosis de esa misma droga listas para la venta.
Como parte del operativo también se detuvo a otras cuatro personas que trabajaban para Hernández y que fueron identificadas como de apellidos Alfaro Quirós, de 40; González Campos, de 32; Cerna Díaz, de 45 y Méndez Toledo, de 34.
De acuerdo con la información policial, Alfaro era el enlace entre el líder y los vendedores.
Diego Quesada, del OIJ de Heredia, dijo que la investigación la comenzaron en el pasado mes de julio luego de recibir información confidencial sobre la venta de estupefacientes en aceras y calles en los alrededores del mercado.
“Las informaciones referían que un sujeto de apellido Alfaro tenía el control absoluto del tráfico de drogas en dicho sector y que era ayudado por varios sujetos.
“Durante las diligencias de investigación se logró determinar además sobre quién era la persona que le abastecía la droga (Alfaro) y quiénes se desempeñaban como los vendedores terminales en el mercado.
“De la misma manera, mediante vigilancias y seguimientos, se logró poder ubicar la vivienda del líder de la agrupación, la cual fue allanada el martes”, dijo Quesada.
Durante el allanamiento a esa propiedad, además del dinero y el crack, se decomisaron celulares, así como insumos necesarios para el procesamiento de drogas.
Finalmente, los detenidos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, para que les determine su situación jurídica.