Una empresa proveedora de la Dirección de Migración y Extranjería acusó a varios funcionarios de esta entidad por un atraso de más de cinco meses en el pago de una lancha comprada para la delegación de Sarapiquí.
La denuncia fue presentada al Ministerio de Seguridad Pública el 31 de octubre del 2012, y un mes después se abrió un órgano director del procedimiento administrativo para que investigue eventuales responsabilidades de los cinco miembros de la Junta Administrativa de Migración y de la proveedora de esta institución.
Entre esos funcionarios, figura la directora de Migración, Kattia Rodríguez, quien ganó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional porque le notificaron el auto de apertura de esa causa administrativa mientras disfrutaba de sus vacaciones, lo cual vulneró la naturaleza de sus días de descanso, según los magistrados.
Queja. El denunciante, Francisco Salas, de la empresa Ciesa Global, dijo que el 18 de mayo del 2012 entregó a Migración una lancha, valorada en ¢25 millones, pero no se la pagaron hasta siete meses después, por supuestas irregularidades en el trámite de la contratación. Esto lo consideró una “estafa”.
“El problema, el caos y el desorden se presentan cuando, por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería, de manera pasiva, y sin dar una respuesta oficial, simple y sencillamente no nos pagan ni tampoco nos dan una respuesta oficial del avance del pago”, precisa la denuncia.
Pese a que Migración giró una orden de compra y la empresa entregó la lancha, el Departamento Financiero frenó el pago del bien porque no hubo una aprobación interna de la Asesoría Jurídica.
Según ellos, esa autorización jurídica era un requisito necesario para la compra directa, ya que la adquisición de la lancha fue producto de una ampliación a un contrato inicial de dos lanchas únicamente.
Sin embargo, la empresa Ciesa Global asegura que, en la orden de compra, Migración les indicó: “La aprobación interna no aplica, según lo indicado en oficio AJ-2289-2011 de fecha 29 de agosto del 2011, suscrito por Gladys Jiménez Arias, jefa de Asesoría Jurídica”.
Pese a ello, castigaron a la empresa y solamente le pagaron ¢22 millones y no el monto original porque la multaron con ¢2,5 millones por no haber advertido del error procesal.
Consultada sobre el caso, Kattia Rodríguez manifestó: “La investigación es para todos los miembros de la Junta, no porque faltó la aprobación interna, sino por el atraso en el pago de la factura al proveedor. Esa aprobación es un procedimiento que era entre la Proveeduría y el Departamento Jurídico”.