“Esto (el proyecto que regula el uso de brazaletes) no va a ser ninguna alcahuetería”.
De esa forma, Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, señaló que la propuesta para utilizar mecanismos electrónicos de seguimiento en el sistema penal no incluirá a cualquier privado de libertad.
Muñoz aseguró que no todo privado de libertad podrá salir de la cárcel, porque primero debe ser evaluado por el Instituto Nacional de Criminología (INC).
Por otro lado, indicó que la Defensa Pública no apoyará a una persona sin condiciones aptas para salir.
Si bien el proyecto establece que un juez puede sustituir con un mecanismo electrónico la pena de prisión a reos primarios que reciban una condena de hasta seis años, Marta Iris Muñoz afirma que ningún condenado por narcotráfico o delitos del crimen organizado recibirá el brazalete.
“Por el contrario, serán casos de jóvenes apoyados por la familia, con trabajo, con proyecto de vida y que hayan hecho reflexión sobre su enfrentamiento al sistema penal.
”Son casos en los que todo el proceso de preparación y etapa de investigación haya servido para demostrar que no es conveniente que ingrese a un sistema donde puede contaminarse por agresiones, violaciones y la muerte en las cárceles”, manifestó.
Según ella, el INC no ha sido benevolente en los dictámenes de las libertades condicionales. Señaló que en el 2011, por ejemplo, hubo 815 solicitudes de libertad condicional y el INC solamente emitió un criterio favorable para 197 reos.
“Yo espero que la Corte Plena apoye el proyecto porque, si no, sería ir en contra de una decisión que es a nivel de país, que puede ir más allá de una posición de que la sanción se va a transformar. En este momento, los poderes Ejecutivo y Legislativo han logrado entrar en un consenso histórico. Este paso que han dado es una decisión de política criminal y de una política responsable. Es una modalidad de ejecución de la pena con alto control jurisdiccional, avalada por todos los sectores políticos de este país”, puntualizó.
La jurista estimó que la idea de destinar el uso del brazalete solo para casos de libertad condicional no tiene sentido, porque se trata de privados de libertad que ya fueron debidamente probados por el sistema para constituirse como acreedores del beneficio.
“Implementar el brazalete en ellos sería utilizar los recursos del Estado de manera incorrecta. Lo que estaban proponiendo no tenía sentido ni ningún impacto en el sistema”, dijo Muñoz.