El exdirectivo del ICE José Antonio Lobo Solera declinó referirse ayer a la procedencia y el destino de cerca de $700.000 que fueron recibidos en cuentas suyas o de su esposa, Jean Phillip Gallup, entre los años 1998 y 2003.
Lobo asumió tal posición durante el juicio ICE-Alcatel, al argumentar que el origen de esos fondos fue detallado en su primera declaración, en setiembre del 2004 ante el Ministerio Público.
Agregó que el tema de esos dineros no es motivo de discusión en este debate, para lo cual argumentó que el Tribunal, cuando él comenzó a declarar, le advirtió que solo debía referirse a hechos relacionados con el proceso penal que se está juzgando.
Denuncia. El ingreso de los $700.000 lo introdujo en el debate el abogado Rafael Gairaud, defensor de Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República.
Gairaud insistió en que esas transferencias provienen de presuntos hechos ilícitos que están relacionados con el llamado proyecto hidroeléctrico La Joya, de la empresa Cibertec Teletec (otra proveedora del ICE) y de la firma Empaques Asépticos.
“Logramos que el testigo reconociera ingresos ilícitos en sus cuentas no originados en la adquisición de las 400.000 líneas del caso ICE-Alcatel. Eso acredita que Lobo no es una persona que se encuentra arrepentida por un error, sino que incurrió en varios errores y que su declaración lo que busca es impunidad”, afirmó Gairaud.
Mientras tanto, Criss González, una de las fiscalas en el debate, dijo que el Ministerio Público hizo una investigación de los hechos mencionados durante el juicio y, después de la pesquisa, se decidió tomar eso como parte del criterio de oportunidad que se le otorgó a Lobo, quien tiene la acción penal suspendida.
González dijo que la Fiscalía se daba por satisfecha con la declaración de Lobo.
Trabas. Lobo declaró también que luego de setiembre del 2004, cuando rindió su declaración ante el Ministerio Público, intentó asumir la responsabilidad sobre su actuación, pero tuvo trabas para acogerse a un proceso abreviado.
“La pena era de cuatro años en un presidio. No se logró porque Fernando Apuy y otro de apellido (Freddy) Coto, que alegaron ser del INS, se presentaron como querellantes. Cedimos a que aceptaba seis años de cárcel y la negativa de ellos fue evidente. Lo que no querían era que José Antonio Lobo dijera la verdad de lo que había sucedido con Alcatel”, declaró.
Lobo dijo que luego trascendió que uno de ellos era parte del equipo de abogados del expresidente Miguel Ángel Rodríguez.
“Fui al único al que le presentaron una querella de esa naturaleza. Hernán Bravo (otro exdirectivo del ICE) se sometió a un proceso abreviado. El interés era que yo no hablara, que me sometiera a dicho proceso”, agregó.
Lobo declaró que fue luego de ese impedimento que se presentó la posibilidad de acogerse a un criterio de oportunidad.
Ante una pregunta de la fiscala Greysa Barrientos sobre si la Fiscalía le había girado instrucciones para lo que debía decir en este caso, respondió: “El Ministerio Público nunca me ha dicho una instrucción en dicho sentido. Yo quiero asumir públicamente frente al país la responsabilidad de mis actos y en tres años empezar otra etapa de mi vida privada como ciudadano”.