San José (Redacción). El Juzgado Penal de Hacienda separó del cargo al alcalde de la Municipalidad de Puntarenas, Rafael Ángel Rodríguez Castro, quien fue detenido ayer por permitir el desmantelamiento de un gimnasio , valorado en ¢200 millones, que fue donado por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).
La medida incluye, además, una prohibición para ocupar cargos públicos durante todo el proceso penal que la Fiscalía abrió por tres delitos de influencia contra la Hacienda Pública y uno por incumplimiento de deberes.
La Fiscalía también señala que el alcalde puntarenense dio en concesión directa la administración de un edificio de la Municipalidad sin haber abierto una licitación pública; que ordenó pagar el salario a un asesor suyo, de apellido Brenes, que no se presentó a laborar del 21 al 29 de julio del 2011; y, finalmente, que autorizó la construcción de un restaurante en el paseo de los Turistas, sin que mediara el pago de una multa de ¢3.900.000.
El Juzgado fijó para el funcionario, durante seis meses, la prohibición de acercarse o ingresar a la Municipalidad de Puntarenas, comunicarse con funcionarios de la oficina. El alcalde también deberá firmar una vez al mes, abstenerse de perturbar, intimidar, amenazar o coaccionar a funcionarios municipales, en especial a los que son testigos. Rodríguez debe mantener domicilio fijo y no podrá salir del país.