El Juzgado Penal de Hacienda devolvió el lunes al Ministerio Público la petición de desestimación que presentó a favor del exministro de la Presidencia Rodrigo Arias Sánchez, por el caso de las consultorías del BCIE.
La resolución la adoptó la jueza Ivannia Delgado Calderón pues consideró que la Fiscalía se apartó del principio de objetividad y del derecho de defensa al desestimar, pese a que recibió la declaración del imputado.
Según la jueza, la Fiscalía, luego de la indagación y al concluir que no había elementos suficientes para acusar formalmente y pasar a la fase de juicio, debió solicitar un sobreseimiento definitivo (cuando está agotada la investigación) o provisional (si faltan elementos de prueba por incorporar).
Por tanto, Ivannia Delgado devolvió la causa “al Ministerio Público, para que proceda a emitir el requerimiento final conclusivo que en derecho corresponda”.
Satisfecho. Francisco Castillo, abogado de Rodrigo Arias, calificó como “muy buena” la resolución.
“Creo que todo el asunto establece que es sobreseimiento. La jueza dice que es un derecho de la persona indagada ser sobreseído, de modo que no se puede resolver el asunto en una desestimación. Es una cuestión simple porque el Ministerio Público después de que dicta una resolución no puede devolverse. Eso está prohibido. Ahora sería lo mismo, pero con mayor fuerza, como lo es un sobreseimiento”, manifestó Francisco Castillo.
Aunque La Nación intentó obtener la versión del fiscal general, Jorge Chavarría, no se le pudo localizar telefónicamente. Tampoco se encontraban los encargados de la oficina de prensa. La gestión de desestimación había sido hecha el viernes 23 de diciembre pasado.
En esa ocasión, en un comunicado de prensa, el Ministerio Público informó de que se dio “por agotada la investigación por falta de pruebas que permitieran acreditar la hipótesis planteada al inicio del proceso penal, pese a la exhaustiva recabación de prueba realizada”.
Rodrigo Arias figuraba, junto con otras cuatro personas (Eugenia Sancho, Julio García, Estrella Quirós y Tobías Chacón) como imputados en una investigación sobre el uso de los $2 millones que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) puso a disposición de la Administración de su hermano, Óscar Arias Sánchez (en el período 2006-2010).
A los implicados se les investigó como sospechosos de los delitos de peculado, fraude de ley y reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Fue así como la Fiscalía indagó a Arias el 31 de mayo; a Sancho el 12 de setiembre y el 6 de octubre; a García y Quirós, el 26 de abril, y a Chacón el 28 de abril. El fallo de la jueza es para las cinco personas.