Desahogar las cárceles por medio de indultos masivos y egresos colectivos son parte de las ideas del juez de ejecución de la pena de San José Roy Murillo.
El especialista en materia penitenciaria espera presentar este mes un proyecto ley de ejecución penal, que se discutirá en la Asamblea Legislativa.
En el documento propone que en prisiones con hacinamiento crítico –por encima del 20%–, cuando la Administración no reduzca el exceso, el juez ordene un egreso colectivo en forma objetiva para quienes estén próximos a cumplir su sanción.
Además, establece la posibilidad de que el Poder Ejecutivo conceda indultos colectivos por razones humanitarias, con estudios previos del Instituto Nacional de Criminología.
Las cárceles sobrepasan el límite máximo del 20%, ¿qué propone usted como juez?
Si usted tiene una tina de agua llena y le echa más agua, se desborda toda. Si quiere meter más agua, debe sacar el agua más próxima a salir, sacar el agua más limpia que tenga o pasar agua a otro recipiente.
”La Administración tiene la facultad de desinstitucionalizar, pero este proceso debe ser mucho más agresivo, con soluciones más eficaces, como los egresos o indultos colectivos. Esto no lo digo yo, la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de las Américas expone este tipo de soluciones, que no son la medida idónea, pero sí de control inmediato”.
¿Bajo qué criterios saldrían?
El criterio debe ser la proximidad a cumplir la sanción, de forma proporcional –el 10%–, porque si se aplica a todos los que les reste un año para salir, entonces las penas de un año no se ejecutarían. No son bonos de impunidad, sino una solución dentro de límites y reglas del modelo de Estado”.
¿Cómo se asumirán esas ideas en las corrientes punitivas?
Hay un discurso de maltrato y de devaluación de los derechos de los privados de libertad, como si eso fuera parte del castigo. Si no me solidarizo con el que está dentro, debo pensar que yo mañana puedo llegar ahí, incluso injustamente. A mí no me gustaría tener que dormir en el suelo. El respeto a la dignidad humana es un compromiso autoimpuesto en el Estado de derecho.
Realmente, ¿cree que haya ambiente para acoger su propuesta?
Hace más de tres años, en una reunión con las jerarquías judiciales y del Ministerio de Justicia, hablé de este tipo de soluciones y yo creo que difícilmente vaya a haber una voluntad política para acogerlas, menos en un año electoral.
Roy Murillo está convencido de que el panorama dentro de las prisiones es de “calamidad, crisis y violación sistemática de derechos humanos”. Para él, el poder de castigo del Estado se legitima en la medida en que se respeten esos derechos.
Como parte de esas violaciones, Murillo señaló las deficiencias en la atención profesional y técnica de la población, acceso a la salud, alimentación adecuada, servicios médicos externos, traslados a hospitales, atención psicológica y técnica específica.
¿Cómo equilibrar la fuerte inversión en materia represiva frente a las condiciones de las cárceles?
Una política integral y responsable no descuida el sistema penitenciario. La seguridad ciudadana no es una fórmula responsable cuando solo apuesta al encierro. Nada gana la sociedad con encerrar si no se aseguran condiciones mínimas y una atención técnica y profesional de esa población.
Las cárceles tienen, en promedio, un técnico por cada 220 reos, ¿cómo lograr estudios técnicos para egresos masivos con tan poco personal?
El crecimiento de la población penal en los últimos 10 años casi se triplicó. Haga usted un estudio de si se han incrementado las ofertas de profesionales en la misma proporción. En algunos centros hay un psicólogo para 400 o 500 personas.
¿Se subutilizan los regímenes de confianza por ese faltante de personal técnico?
El sistema se resiste a procesos de liberación anticipada, que corresponden por ley para facilitar la reinserción paulatina a la comunidad. Imagínese una persona que descuenta una pena de 10 o 20 años, cuando sale, si no se le dieron estos espacios, ya perdió la noción del dinero, no sabe el horario de los buses ni dónde está la parada. Muchos prefieren quedarse dentro por temor.
”La no institucionalización significa que solo las personas que no tienen capacidad para vivir en comunidad sean encerradas, por lo que se debe apostar por el cumplimiento de penas en regímenes abiertos, donde el sujeto asume una serie de obligaciones. Apuesto que por cada 10 que lo solicitan, solo dos lo obtienen”.
¿Considera injusto haber elevado las penas hasta 50 años?
Los límites de penas en países desarrollados son de 15 a 21 años. Para cualquier persona en un régimen cerrado, después de 15 años, su deterioro físico y mental es bastante acentuado. Déjela 25 años, y esto es suficiente para neutralizar a un ser humano. Téngalo 50 años a ver cómo sale...
¿Sería cadena perpetua?
En la Sala Constitucional hay un voto salvado de don Luis Paulino Mora (qdDg). Si al promedio de vida al que ingresa un adulto a prisión (32 años), se le suman 50 años de pena máxima, casi llega al promedio de la esperanza de vida (76 años), eso significa que es una cadena perpetua.