El Juez Contravencional de Sarapiquí, detenido el lunes por, al parecer, facilitar la entrega de vehículos y placas retenidas, tiene otras sanciones disciplinarias impuestas por el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia.
La última de ellas se le dictó el pasado 14 de octubre y fue una sanción de un mes sin goce de salario (que todavía no ha cumplido) por fundamentar mal una prisión preventiva, en un caso de homicidio simple ocurrido en la ciudad de Limón.
Además, consta en el acta de la sesión del Consejo del 7 de setiembre del 2010 que el sancionado, de apellido Durán y 48 años, acumula otras dos medidas disciplinarias de amonestación escrita impuestas el 27 de agosto y el 14 de setiembre del 2009, cuando era juez penal de Limón.
La Nación intentó contactar al juez Durán, pero no contestó un teléfono celular asignado a su nombre y en otro, también a su nombre, respondió su hijo, quien dijo que la única forma de localizarlo era marcando el otro número. Se le dejaron varios mensajes.
Medidas. El juez Durán fue detenido el lunes por agentes del OIJ, junto con un asistente del despacho, de apellido Sevilla, y un oficial de la Policía de Tránsito de apellido Dinarte, como sospechosos de recibir dádivas para facilitar la devolución de vehículos detenidos.
Precisamente, el Juzgado Penal de Hacienda de Goicoechea suspendió ayer del cargo al juez Durán durante tres meses, mientras se continúa con la investigación por los delitos de cohecho propio (que castiga al funcionario que recibe una dádiva para no cumplir con su deber), abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
La decisión se tomó antenoche, informó la oficina de prensa de la Corte.
Durán, quien labora en el Poder Judicial desde 1989, tiene la plaza fija de juez contravencional de Sarapiquí desde el 1.° de noviembre del 2009.
Ahí se encarga de los asuntos relacionados con tránsito, familia, lo laboral y violencia doméstica.
La suspensión de tres meses en el ejercicio del cargo también se le aplicó a Sevilla.
José Ramón Morales, quien ayer asumió la defensa de este funcionario, dijo que apenas estaba conociendo el expediente y prefería no dar declaraciones.
El Juzgado de Hacienda, en tanto, ordenó que el juez, el asistente y el policía del Tránsito deben firmar una vez al mes, abstenerse de acercarse a víctimas y testigos y al Tribunal Contravencional.
El tráfico Dinarte podrá seguir trabajando, informó la oficina de prensa de la Corte.
Respecto a la sanción de un mes impuesta por el Consejo Superior, en las actas se señala que en octubre del 2008 Durán dictó en un caso de homicidio simple una prisión preventiva, pero lo hizo en una resolución carente de absoluto fundamento.
El Consejo la estimó “ininteligible, insertando en ella aspectos que evidentemente no se relacionan con nada del expediente”, y, por tanto, la medida de prisión fue revocada por un Tribunal Superior.