Un juez penal de Limón, ligado a un abuso sexual de una menor de edad, tenía pornografía en las computadoras de uso oficial que el Poder Judicial le asignó.
Así consta en la causa disciplinaria N.° 12-415-031-IJ que se tramita contra el funcionario, de apellido Solera (43 años), en el Tribunal de la Inspección Judicial.
El resultado se desprende de un análisis que realizó la Sección de Delitos Informáticos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a las computadoras del juez, donde había gran cantidad de imágenes, obtenidas, al parecer, de páginas de Internet.
El juez Solera también figura en una causa en la Fiscalía de Guápiles, en la que lo acusan de presuntos abusos sexuales contra una menor de edad, por lo cual el Consejo Superior lo suspendió de su cargo con goce salarial desde el 23 de noviembre del 2011.
Este diario solicitó el martes al Ministerio Público detalles sobre la acusación por los supuestos abusos, pero no hubo respuesta.
Tampoco fue posible contactar con el juez, ya que no tiene teléfonos registrados a su nombre y, al hablar con su esposa, esta dijo que no lo podía localizar.
La Secretaría de la Corte Plena pidió en febrero del 2012 a la Dirección Ejecutiva analizar de qué forma Solera podría desempeñar sus funciones para retribuir el salario que recibe al estar suspendido.
El Consejo Superior autorizó al juez, el 22 de marzo, para que resuelva expedientes provenientes del Juzgado Penal de Pérez Zeledón, los cuales serán trasladados al despacho judicial de Siquirres, donde el funcionario debe estudiarlos, bajo supervisión del Programa contra el Retraso Judicial.
Este es uno de varios casos descubiertos en el Poder Judicial respecto a funcionarios que figuran como imputados en causas penales por diversos delitos, o a los que se les abrieron causas disciplinarias (ver recuadros).
Medidas. El juez Solera fue presentado el 23 de diciembre del 2010 ante la jueza de Guápiles, Gloriana Murillo, como imputado por abuso sexual de una menor, vecina de la misma zona.
Esa vez, se le impusieron varias medidas cautelares durante un año, en razón de la probabilidad delictiva y los peligros procesales de fuga, obstaculización y peligro para la víctima.
Se le ordenó mantener un domicilio fijo y presentarse a firmar cada 15 días en el Juzgado Penal de Limón; además, se dictó impedimento de salida del país, y que no se comunicara, amenazara o molestara a la víctima o testigos.
Por otro lado, le prohibieron utilizar su correo electrónico de trabajo para enviar imágenes, documentos o videos con pornografía, así como conocer, resolver o fallar sobre algún asunto en el que se esté investigado, juzgando o resolviendo un delito sexual.
Con esas dos últimas medidas cautelares, el Consejo Superior determinó que Solera había perdido la condición indispensable para ser juez, por lo que dispusieron, el 3 de febrero del 2011, suspenderlo durante un año sin goce de salario, durante el tiempo que se mantuvieran las medidas.
Sin embargo, como el juez apeló las medidas, el 7 de febrero del 2011 se resolvió reducir el plazo de un año a seis meses y revocar la prohibición para conocer cualquier delito de carácter sexual.
Por eso, el Consejo Superior anuló la suspensión del juez y no fue sino hasta el 23 de noviembre de ese mismo año que acordaron nuevamente suspenderlo, en vista de que la Inspección Judicial abrió una causa por “incorrecciones en su vida privada”, por la denuncia por abuso sexual.
El Consejo determinó: “Los hechos denunciados son muy graves y se encuentran en fase de investigación ante el órgano disciplinario”. Desde esa vez, se acordó suspenderlo hasta la fecha, ya que se le habían interpuesto nuevas medidas cautelares en la vía penal.