Justo antes de que viajara a Guatemala para testificar por el homicidio de tres diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de ese país giró una orden de captura en contra de la fiscala costarricense Giselle Rivera Chacón, exjefa del equipo que investigó allá la matanza de los congresistas.
Guillermo Mendoza, vocero del Ministerio Público de Guatemala, confirmó que la orden de aprehensión la solicitó la Fiscalía Especial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, órgano adscrito a la Organización de Naciones Unidas, ONU).
La costarricense formó parte de la Cicig hasta finales del 2009. Ahora enfrenta en Guatemala una causa por supuesto patrocinio infiel, doble representación y encubrimiento. Le achacan haber tenido contacto con personas sujetas a la investigación.
La fiscala sostiene que eso era parte de la dinámica de la investigación. Incluso, mostró documentos en los que Carlos Castresana –en aquel entonces, director de la Cicig– autorizó un viaje a Europa para entrevistar a un exmiembro de la Policía Nacional, considerado por la Cicig como partícipe en el homicidio. Rivera reveló que buscaban un arreglo para llegar hasta altos mandos policiales y al entonces ministro de Gobernación, Carlos Vielman.
Ninguna de las personas que el equipo de la fiscala Rivera investigó fue llamada a debate.
Para la Fiscalía de Guatemala el homicidio fue un ataque de policías vinculados con una organización criminal (la banda de Jalpatagua). Pero, para el equipo que lideró la fiscala Rivera, el homicidio lo cometió una estructura delictiva dentro de la Policía Nacional Civil de Guatemala. La funcionaria tica figura en la lista de testigos y su comparecencia está prevista para los próximos días ante el Tribunal de Alto Riesgo, en Ciudad de Guatemala.
Sin embargo, ante las nuevas circunstancias, Rivera –en la actualidad trabaja para el Ministerio Público de Costa Rica– anunció que no viajará a ese país.
Pese a ello, dijo estar de acuerdo en testificar mediante una videoconferencia. “Allá no solo son capaces de meterme en una cárcel, sino de desaparecerme”, comentó.
Muertes. El 19 de febrero del 2007, cuatro policías de la unidad élite contra el crimen organizado interceptaron a los diputados Eduardo D’Aubuisson, William Pichinte y José González. El carro era conducido por Gerardo Ramírez.
Sus cadáveres quemados aparecieron en la finca La Concha, en Villa Canales, Guatemala.
Los policías fueron asesinados tres días después en una cárcel, ocupada en su mayoría por integrantes de las maras (pandillas).
Por su experiencia, la costarricense quedó al frente del equipo de investigadores internacionales. Ellos llegaron al convencimiento de que el asesinato fue perpetrado por el crimen organizado, con vínculos en las estructuras de poder de Guatemala.
La petición de captura contra Rivera –gestionada a pedido de la Cicig– la planteó al Juzgado la fiscala de Delitos contra la Vida de Guatemala, Eunice Mendizábal.
A Rivera la propuso como testigo el defensor del exdiputado Manuel de Jesús Castillo Medrano –enjuiciado como presunto autor intelectual de los crímenes– , Fernando Linares.
“Para mí, esto es una patraña de la Fiscalía para bloquear la declaración de Giselle Rivera. Lo importante es que ella tiene inmunidad, de acuerdo con el tratado de la Cicig y la Convención de Viena. Es un secreto a voces que los que están involucrados es gente de la Policía Nacional”, dijo.
La Nación intentó ayer contactar al actual director de la Cicig, Francisco Dall’Anese (exfiscal general de Costa Rica), mediante su vocero de prensa, Diego Álvarez, pero no fue posible, pues el funcionario se encuentra en NuevaYork, Estados Unidos. Allá rinde un informe a la ONU.