La Universidad de Iberoamérica (Unibe) y dos de sus representantes legales fueron condenados a pagar, de manera solidaria, ¢56,7 millones a 27 estudiantes que cursaron entre los años 2014 y 2015, una carrera para obtener el título de técnico en microbiología, la cual no estaba debidamente acreditada en el Colegio de Microbiólogos y Químicos Clínicos de Costa Rica.
La sentencia la emitió el jueves el Tribunal Penal Unipersonal de Goicoechea al concluir un juicio que inició el pasado 1.° de febrero. En la resolución, de la cual solo se leyó el por tanto, el juez Andrés Saborío Cascante absolvió del delito de estafa a cuatro funcionarios de esa casa de enseñanza de apellidos Hernández Morales, Blanco Chen, Leiva Calderón y Hernández Flores.
El abogado Joseph Rivera Chévez, que representó a 18 de los estudiantes manifestó: “Hubo condena en la vía civil en virtud de que se logró demostrar de que la universidad no hizo los esfuerzos suficientes para arreglarles el problema a los estudiantes y que Hernández Morales, como decano y dueño de la universidad, y Blanco Chen como director y coordinador del técnico en microbiología, les vendieron la idea a los afectados, de que todo se les iba a arreglar y finalmente no hicieron nada”.
Rivera dijo que espera conocer la resolución completa del tribunal para determinar si presenta alguna impugnación, pues incluso mencionó que el juez rechazó las pretensiones de una estudiante al fundamentar que no declaró en juicio, cuando ella sí estuvo presente y expuso los argumentos de las afectaciones.
Una posición diferente tiene el abogado Daniel Brenes Morales, quien defendió en la parte penal a los funcionarios de Unibe. “Desde el inicio siempre se consideró que no había delito. Se le demostró al tribunal que en ningún momento Unibe quiso estafar a los muchachos, sino lo que se da es una mala interpretación de los reglamentos del Colegio de Microbiólogos, que el juez indica que no entra a analizar.
“Respecto de lo civil que lo llevaba el colega Israel Hernández, la fundamentación que dio el juez fue muy suave, no tienen ni pies ni cabeza. Vamos a esperar la sentencia integral para analizarla y presentar un recurso de apelación”.
Caso en breve
Este proceso judicial lo iniciaron los estudiantes poco después de que el Colegio de Microbiólogos rechazó reconocerles el título profesional al alegar que nunca se sometió a evaluación la calidad de las materias, que contemplaba esa carrera. Las víctimas (en total eran 29, pero dos no continuaron) denunciaron el caso ante el Ministerio Público, al tiempo que acudieron ante el abogado Adrián Fernández Rodríguez, para que presentara una querella.
Luego de un estudio de los hechos, la Fiscalía declinó presentar una acusación por el delito de estafa al considerar que lo ocurrido era un incumplimiento contractual y que eso tendría que dilucidarse en los juzgados correspondientes. Empero, el abogado Fernández presentó la querella en la cual se acusó a cuatro personas como sospechosas del delito de estafa menor, al tiempo que se planteó la acción civil contra la Unibe, Hernández Morales y Blanco Chen.
Joseph Rivera, quien asumió en la etapa de juicio la representación de 18 de los demandantes, dijo que la absolutoria fue por duda, pues “el juez alegó que no se pudo individualizar en la conducta delictiva, el dónde, el cuándo y por qué ocurrió el delito, pero sí se demostró el daño moral y el daño material, por eso la condena civil”.
En este caso, según la resolución del juez, por daño material se les reconoció a los estudiantes el pago de matrícula y materiales de estudio por un monto de ¢1,1 millón para cada estudiante y como daño moral ¢1 millón a cada afectado.