San José (Redacción). Nueve hombres y una mujer fueron sentenciados por el Tribunal Penal de Liberia a penas que van entre los cuatro y siete años de prisión, mediante un proceso abreviado por el delito de coyotaje, informó la Fiscalía.
La sentencia se llevó a cabo el pasado 24 de marzo, durante una audiencia efectuada en el Juzgado Penal de Liberia.
Los sentenciados fueron un hombre de apellido Martínez (7 años), Vanegas (4.8 años e integrante de los Talibanes), Guevara (6 años), Núñez (5 años), Lira (4.8 años, miembro de los Talibanes), Zepeda (4.6 años), Corea (4.2 mujer) y tres años de prisión para tres sujetos apellidados Mairena, Sánchez y Obando.
El caso fue investigado por la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, mediante el expediente 13-3331219-PE, donde se persiguió a dos organizaciones conocidas como los Talibanes y los Catanos, los cuales se dedicaban al tráfico ilícito de migrantes.
La aprehensión de los sospechosos se remonta al 26 de abril del año pasado, luego de 17 allanamientos hechos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, en Liberia, La Cruz, Cañas, Bagaces y San José.
Durante la investigación se determinó que los Catanos se dedicaban a recibir en suelo nacional a migrantes nicaragüenses con situación migratoria irregular.
Una vez en el país los ocultaban y trasladaban a otros lugares mediante vehículos particulares o autobuses privados, los cuales eran operados por el grupo los Talibanes.
Los ahora condenados, según la Fiscalía, cobraban entre $10 (¢5.400) y $200 (¢108.000) a los migrantes nicaragüenses para trasladarlos hacia Costa Rica.
Además la Fiscalía reveló que en algunas ocasiones, con la ayuda de choferes de bus subían a los migrantes en líneas de buses comerciales y paradas no autorizadas para no ser descubiertos.
Gérald Campos, director a.i del OIJ, manifestó el día de la aprehensión que el grupo delictivo tenía ganancias de entre ¢5 millones y ¢6 millones cada fin de semana.
Policías esperan juicio. Otras 10 personas, entre ellas cinco oficiales de la Fuerza Pública de apellidos Sandino, Brais, Espinoza, Ávila y Parrales aguardan juicio.
En apariencia estos se encargaban de avisar a los imputados sobre al presencia de retenes policiales, según la acusación.
Al parecer estos recibían al menos ¢30.000 cada vez que facilitaban información a las bandas criminales.
Otros cinco imputados de apellidos Corea (esposa de Martínez), Sánchez (mujer), López (chofer de bus), Rodríguez (ayudante de Guevara) y Pérez (talibán) se mantienen atados al proceso.
En el caso de Sánchez y Pérez, estos permanecen descontando prisión preventiva. El oficial de apellido Brais fue suspendido de su cargo y junto a Corea, López y Rodríguez, tienen impedimento de salida del país, deben mantener domicilio fijo y firmar una vez al mes.