Unos 25 abogados defensores de 30 detenidos por presunta corrupción en contratos y concesiones de obra vial volverán a los Tribunales de Goicoechea el lunes a las 8:30 a. m. luego de ser citados por Hugo Porter Aguilar, juez de apelaciones.
Esa audiencia podría prolongarse por varios días o hasta semanas, pues en ella se verá la apelación del Ministerio Público en contra de lo que decidió la jueza Carolina Lizano, al dejar libres a 14 de las 30 personas contra las que se pedía prisión preventiva.
De igual manera, se analizará otra apelación referida a si el Caso Cochinilla se puede clasificar o no como de crimen organizado.
Como tercer aspecto está la apelación que varios defensores interpusieron contra la “prórroga instrumental de la medida cautelar”, es decir, el hecho de que se tuviera en celdas por más tiempo del originalmente establecido a 28 de los 30 imputados, entre ellos siete mujeres, e incluso a personas contra las que no se pedía cárcel.
De esta forma, el 12 de julio los abogados defensores, Fiscalía y Tribunal de Apelación, así como de manera optativa algunos de los imputados, volverán a discutir sus criterios en torno a este sonado caso en una vista que es oral y privada.
La investigación por este caso comenzó luego de detectarse la presunta malversación de fondos en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que generó un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020.
Erick Gatgens, codefensor de la empresa H Solís, dijo que se trata de aspectos fundamentales para el seguimiento de la causa.
“Es una caja de pandora, puede pasar cualquier cosa. Así como puede ser que el Tribunal confirme, puede ser que anule parcial o totalmente algo y eso obligaría a otra audiencia ante el juez penal”, explicó.
Por ejemplo, si el Tribunal se trae abajo la declaratoria de crimen organizado, el Caso Cochinilla quedaría sin poder incluir las intervenciones telefónicas, que son uno de los principales sustentos de la acusación fiscal.
Gatgens dijo que algunos de los defensores podrían integrarse virtualmente, pero al ser tantas personas, se van a ocupar de nuevo varias salas de juicio del tercer piso.
El penalista dijo que todavía están valorando si llevan o no a sus clientes a esa audiencia.
“El imputado será representado por su defensor, pero podrá asistir a la audiencia y, en ese caso, se le concederá la palabra en último término. En la audiencia, el tribunal podrá interrogar a los recurrentes sobre las cuestiones planteadas en el recurso”, dice la convocatoria.
En primera instancia se habilitarán las salas de juicio números 3 y 4 de los Tribunales de Goicoechea pero podrían ser más, dependiendo de la cantidad de personas que confirmen su asistencia presencial, con el fin de coordinar los trámites administrativos necesarios respecto del aforo y en atención a las normas de salud por la covid-19.
El departamento de Prensa del Poder Judicial indicó que esa audiencia no tiene fecha definida de finalización por lo voluminoso del expediente, la cantidad de recursos presentados y la multiplicidad de las partes intervinientes en el proceso.
Se les indica que esta es una audiencia oral y privada por así disponerlo el Código Procesal Penal