El Tribunal Penal de Hacienda de Goicoechea ordenó este miércoles liberar a un juez penal de San José, de apellidos Pérez Castillo, contra quien se había dictado tres meses de prisión preventiva, mientras se le investiga por supuestamente recibir dádivas a cambio de ayudar a algunos imputados.
La resolución la confirmaron los abogados Federico Campos Calderón y Alejandra Araya Chaverri, defensores del imputado y fue el resultado de una audiencia que había iniciado el lunes anterior y concluyó este miércoles al mediodía.
El cambio en la medida cautelar lo habían solicitado los defensores, al considerar que el juez Francisco Mena, quien impuso la orden de prisión preventiva, no fundamentó debidamente el fallo. Además, le cuestionaron una supuesta parcialidad por comentarios que hizo en redes sociales.
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El Tribunal Penal de Hacienda, a cargo de Carmen Ureña Ureña, aceptó los criterios emitidos por la parte defensora y ordenó la inmediata liberación del imputado, quien se encontraba recluido en el centro penal Cororí, en Cartago.
Pese a quedar en libertad, a Pérez se le suspendió del cargo mientras dura la investigación, debe firmar una vez al mes en un despacho judicial, se le prohibió salir del país y no puede acercarse a testigos en la causa judicial.
El abogado Federico Campos anunció que llevará este caso a la Inspección Judicial para que indague la actuación del juez Mena.
En redes sociales, Campos dijo: "Gracias a Dios y a una jueza de apelación valiente y objetiva, hoy se revirtió una de las prisiones preventivas más nefastas y arbitrarias que he tenido conocimiento en más veinte años de ejercicio profesional (...) Esa resolución que fue revocada debería de ser motivo de estudio en las escuelas de Derecho, para que los futuros abogados analicen lo que no debe hacerse con la libertad de un ser humano".
Hecho. Pérez Castillo fue capturado el 27 de octubre en el parqueo de los Tribunales de San José junto a dos auxiliares judiciales (un hombre y una mujer), ambos de apellidos Mora, y un abogado, apellidado Tejada.
El Ministerio Públicó les atribuyó que, aprovechado sus puestos y funciones, supuestamente ejecutaron actos de corrupción, los cuales eran investigados desde octubre del 2014 por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A los sospechosos se les relacionó con al menos tres casos.
Este caso es tramitado en el expediente 14-042-1322-PE. Al juez Pérez, a un auxiliar de apellido Mora y al abogado Tejada se le vincula con una infracción al artículo 62 de la Ley de Psicotrópicos (procurar la impunidad o la evasión de personas sujetas a investigación), así como los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito, penalidad de corruptor, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
En tanto, a una auxiliar de apellido Mora se le vincula con infracción a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que sanciona a quien dé apariencia legal a bienes obtenidos de manera ilegítima.
De los imputados, solo a Pérez se le envió a prisión. A los otros les fijaron medidas como firmar en un despacho judicial, se les prohibió salir del país y comunicarse con testigos.