El Tribunal Penal de Hacienda exoneró ayer al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) en una demanda por daños presentada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por el caso del uso de un préstamo finlandés para comprar equipo médico supuestamente con anomalías.
Para los jueces, la Caja no logró demostrar que se hubiese adquirido equipo innecesario, en mal estado o con sobreprecios, utilizando el empréstito por $32 millones que se ejecutó entre los años 2002 y 2004.
El proceso civil se inició el 6 de marzo en los Tribunales de Goicoechea y su resultado fue dado a conocer ayer mediante un boletín del Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial.
Otros beneficiados. La resolución también benefició al expresidente ejecutivo de la CCSS, Eliseo Vargas García; al exgerente de Modernización de esa entidad, Juan Carlos Sánchez Arguedas; al expresidente ejecutivo de la Corporación Fischel, Wálter Reiche Fischel, así como al exabogado de esa empresa, Randall Vargas Pérez, y al exgerente de O. Fischel R. & Cía., Marvin Barrantes Vargas.
El fallo favoreció además a las firmas Corporación Fischel S. A. y O. Fischel R. & Cía S. A., que fueron codemandadas.
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Alfredo Arias Calderón, quien presidió, Sergio Quesada Carranza y Jorge Tabash Forbes.
Apelación. El abogado de la Caja, William Rodríguez, explicó que esperarán el texto completo de la sentencia, la cual debe ser notificada el 10 de junio, con el fin de presentar la respectiva apelación.
De acuerdo con Rodríguez, en lo expresado por los jueces al razonar la decisión, se pudo determinar que los argumentos son contradictorios.
Al respecto, alegó que ellos (los jueces) dicen que no se demostró daño, pero en el debate se aportaron informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la Auditoría de la CCSS e incluso informes provenientes de Finlandia, en los cuales se afirma que los equipos eran innecesarios y que se pagaron con sobreprecios.
Por estos mismos hechos (el empréstito finlandés), se había condenado penalmente (en el 2011, luego de una apelación) a Calderón, Vargas García, Sánchez, Reiche y Barrantes, a tres años de prisión cada uno por peculado; Vargas Pérez recibió dos años por destrucción de documento y falsedad ideológica.
Asimismo, el Estado recuperó por el concepto de daño social $9,3 millones, dinero que ingresó a las cuentas de Hacienda.