El Tribunal Primero Civil de San José ordenó embargar bienes por la suma de $3,3 millones (¢2.293 millones) al expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y a la empresa Ganadera Industrial Sociedad Anónima (Gisa).
El dato consta en una resolución de ejecución de sentencia emitida el 21 de agosto del 2020 y que está firmada por la jueza Paula Elena Sáenz Gutiérrez.
Este dictamen es la resolución final de una demanda que interpuso la Cooperativa Matadero Nacional de Montecillos (Coopemontecillos) en marzo del 2001, por hechos que sucedieron a partir de 1995.
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Miguel Ángel Rodríguez, al ser consultado por La Nación, respondió: “Es un cobro por una fianza de una obligación de una empresa, por una deuda que no es mía. Esa obligación se origina en un acuerdo de 1995 entre plantas procesadoras de ganado y exportadores de carne para ajustarse a una situación difícil en los mercados internacionales y de merma en la oferta de ganado.
“En los noventas, antes de mi participación en el gobierno, desdichadamente las empresas en las que yo participaba y otras del mismo giro sufrieron importantes pérdidas por las condiciones del mercado internacional de la carne. Para pagar a ganaderos, suplidores, y bancos se vendieron los activos y los socios perdimos la inversión”.
Entre tanto, el abogado Luis Alonso Salazar Rodríguez, representante legal de Coopemontecillos, manifestó que en la cooperativa siempre tuvieron clara la obligación del expresidente y que en este momento se sienten satisfechos, pues aunque ya trascurrieron 20 años de los hechos, los tribunales de justicia terminaron dándoles la razón.
“En su momento Miguel Ángel Rodríguez negó la existencia de esta obligación y por eso se negó a pagar. Inclusive afirmó a medios de prensa que hasta que no hubiera una sentencia judicial que lo condenara no iba a pagar. Aquí esta el fallo judicial que confirma la deuda (...) es el momento en que honre su palabra y pague la deuda que tiene con la cooperativa”, añadió Salazar.
Historia del caso
Este asunto tiene su origen en 1995 cuando empresas procesadoras y comercializadoras de carne decidieron unir recursos, para racionalizar la utilización de las plantas. La idea era adecuarlas a los requerimientos propios de la exportación de carne para afrontar los efectos negativos de las caídas cíclicas en los precios internacionales de ese producto.
Es así como Coopemontecillos, Gisa y otro firma llamada Empacadora de Costa Rica, decidieron crear la compañía Fomento Ganadero (Fogasa) en la cual cada una tenía una tercera parte de participación societaria.
Según la sentencia 159-2015 del Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda de San José, Fogasa adquirió un préstamo por $3,7 millones con el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). En el documento judicial, se establece que en caso de incumplimiento, cada una de las compañías se comprometió a pagar $1.233.333.
Sin embargo, frente a Bicsa las firmas asumieron garantías diferentes, Coopemontecillos $2.469.380 Empacadora de Costa Rica por $1.075.220; y, por último, Gisa por $155.400.
Previendo alguna eventualidad, la cooperativa suscribió con Miguel Ángel Rodríguez (como supuesto principal accionista de Gisa, pero actuando como fiador) y con el representante legal de Gisa, Rafael Sequeira Garza, varios pagarés que en conjunto sumaban $1.077,633.
Fogasa cerró operaciones en 1998 e incumplió el pago con Bicsa. Por esa razón cada una de las firmas debió pagar las garantías que había ofrecido.
En marzo del 2001, Coopemontecillos demandó civilmente a Rodríguez, en ese momento presidente de la República (1998–2002) como supuesto principal accionista de Gisa, así como a Sequeira Garza, el representante legal de dicha compañía, por el incumplimiento del pago de $1.077.633.
Este asunto, luego de varias resoluciones judiciales, llegó a conocimiento del Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda de San José, que el 27 de mayo del 2015 condenó a “Gisa y a Miguel Ángel Rodríguez a pagar $1.077.633, más intereses a partir del 18 de agosto de 2000 y hasta el efectivo pago del principal, más un 6%, los cuales serán liquidados en la fase de ejecución de sentencia”.
El Tribunal Primero Civil de San José en ejecución de sentencia estimó la deuda en $3,342,301.20, tomando en cuenta los intereses.
Según lo determina el fallo judicial, para pagar la deuda a la cooperativa se ordena embargar los bienes del expresidente entre los que citan cuentas bancarias y acciones de clubes sociales.
Al mismo tiempo, el juzgado rechazó embargar la pensión que Rodríguez tiene como expresidente. Esto lo pretendió la demandante civil.
En cuanto a la empresa Gisa y el representante legal Rafael Sequeira, igualmente se incautan cuentas bancarias, acciones de clubes sociales, 17 vehículos y 3 motocicletas.
A Sequeira se le intentó localizar pero no respondió los mensajes dejados en su vivienda.