El Tribunal de Apelación del Primer Circuito Judicial de San José rechazó la tarde de este lunes un recurso interpuesto por la defensa de cinco hombres detenidos a inicios de mes en Rohrmoser durante una acción policial por narcotráfico.
El recurso pretendía que se declarara ilegal el ingreso a la vivienda donde se mantenían los sospechosos, por carecer de orden de allanamiento.
El ingreso fue ordenado por el Ministerio Público, ante la "situación de urgencia y necesidad" que existía para impedir la impunidad en un delito que se estaba cometiendo en el propio momento.
Según un comunicado de prensa del Ministerio Público, ese allanamiento se realizó de conformidad con la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Apelación de sentencia de San José, la cual establece -en el artículo 197 del Código Procesal Penal- que se autoriza el ingreso sin orden de un juez para impedir la impunidad de delitos y la destrucción de evidencias.
El Tribunal señaló que la actuación del Ministerio Público fue conforme al ordenamiento jurídico y confirmó los seis meses de prisión preventiva dictados por el Juzgado Penal de San José. Los detenidos son de apellidos Guido, Abarca, Hernández, Fernández y Quesada, los cuales son defendidos por un abogado de apellido Villalobos.
A ellos se les atribuye el delito de posesión de droga para la venta. A Guido también se le imputa el delito de tentativa de homicidio.
Los hechos ocurrieron la tarde del 2 de setiembre, cuando el Ministerio Público recibió una alerta sobre una persona que era requerida por tentativa de homicidio, la cual fue observada cuando ingresó a una casa ubicada en el sector de Rohrmoser.
Al llegar al sitio, las autoridades judiciales conversaron -por medio del intercomunicador- con una de las personas que hoy se encuentran detenidas, quien indicó que se encontraba solo en la vivienda y que saldría de la misma en 30 minutos, cuando llegara su abogado.
Durante el espacio solicitado, vecinos confirmaron que en la vivienda permanecían más personas, y que éstas se encontraban lanzando bolsas que cayeron en los techos de otras casas.
Además, confirmaron que escucharon la manipulación de armas y una lavadora en funcionamiento. Incluso, una vecina permitió el paso de una fiscal a su casa, y la misma funcionaria pudo constatar lo denunciado por los colindantes.
Pese a que el abogado defensor de los imputados ya permanecía en el sitio y aconsejó a estas personas salir de la vivienda, los imputados hicieron caso omiso. Ante tal situación de urgencia, la Unidad Operativa de Dirección Funcional del Ministerio Público tomó la decisión de ingresar a la casa.
En la vivienda, las autoridades constataron la presencia de armas y municiones, bolsas con marihuana y cocaína, así como droga en la lavadora, los ductos de los servicios sanitarios y el desagüe de la casa.
También se encontraron fajos de dinero que podrían sumar hasta ¢5 millones, así como bouchers y recibos de depósitos bancarios por montos de $3.000, $7.000 y $5.000, entre otros.
La investigación por este caso continúa.