El Tribunal Penal de Hacienda resolvió elevar a juicio, 16 años después, un posible caso de peculado en el que figura como implicado el expresidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002).
Se trata del caso conocido como los reaseguros del Instituto Nacional de Seguros (INS) y el cual se investigó en dos expedientes.
Uno es el aparente pago de $2,1 millones que habría realizado la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y el 2002, en favor de exfuncionarios estatales costarricenses.
El otro está relacionado con presuntas comisiones y pagos de viajes dados por las empresas corredoras Guy Carpenter y Willis Re, durante el 2001.
Además del exmandatario Rodríguez, en estos asuntos figuran también como implicados Cristóbal Zawadzki Wojtasiak (exjerarca del INS); Álvaro Antonio Acuña Prado (exjefe de Reaseguros del INS); Gilda Montes de Oca (esposa de Zawadzki); Roxana Cordero Bogantes (esposa de Acuña) y Rónald Bonilla Rodríguez (exjefe de Seguros del Instituto Costarricense de Electricidad).
Además, se incluyen los funcionarios del ICE, Antonio Corrales Moya y Ramón Lara Molinari.
El Ministerio Público acusó a estas personas del delito de peculado, que ocurre cuando hay sustracción de bienes públicos. El artículo 354 del Código Penal castiga este hecho con prisión de tres a 12 años.
Christian Arguedas Arguedas, defensor de Rodríguez, lamentó la decisión del tribunal a cargo del juez Jorge Tabash Forbes, pues alegó que en este proceso no hay pruebas.
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"Apelamos el auto de apertura a juicio porque no estaba bien fundamentado. No se había hecho ese juicio de probabilidad en el que se compara la acusación con las pruebas y apelamos que el juez no hizo ese juicio de probabilidad.
"Si lo hubiera hecho no eleva el caso a juicio, porque no hay pruebas (...) Toda la prueba que se decía que lo vinculaba se anuló. Ahora toca ir a juicio para que al final , como yo veo la cosa, lo van a absolver", argumentó Arguedas.
Largo proceso
Este asunto ha tenido múltiples tropiezos en el trámite, tanto en la Fiscalía como en los juzgados penales, cuando se ha discutido si el tema debe ser llevado a debate.
En diversos momentos han trascendido errores en la investigación, tanto que en febrero del 2014 un juzgado penal dictó un sobreseimiento definitivo a favor de los imputados, sobre todo porque consideró como ilegal que se usaran pruebas bancarias traídas de Panamá, Estados Unidos y del Reino Unido.
En aquel momento se estimó que “toda la prueba recabada en el extranjero, sin control jurisdiccional previo, es espuria o ilegal, o sea, que no puede admitirse en el proceso”.
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Sin embargo, en agosto del 2014 un Tribunal Penal anuló la absolutoria y ordenó una audiencia para decidir si el tema iba a juicio o no. Ese tribunal mantuvo la prohibición de usar las pruebas bancarias traídas del exterior.
En una nueva audiencia, realizada en junio del 2015 en el Juzgado Penal, se ordenó de nuevo el juicio, decisión que fue anulada en octubre del 2016, cuando se acogió un alegato de la defensa, que recusó a la jueza que dispuso elevar el caso a debate.
Sin embargo, en diciembre del 2017 de nuevo se tomó la decisión de llevar el tema a juicio, medida que fue impugnada. Empero, el viernes anterior el Tribunal Penal de Hacienda, con sede en Goicoechea, determinó que sí debe llevarse el a caso a conocimiento de los jueces.
Ahora, le corresponde a los juzgadores de Hacienda establecer la fecha para el inicio del proceso, que muy probablemente, por la saturación de los tribunales, no se realizará este año.