La nueva subdirectora de la cárcel La Reforma, en Alajuela, arrastra una causa porque supuestamente le cobraba dinero a los reos a cambio de otorgarles algún beneficio.
La funcionaria, de apellidos Valverde Granados, está en ese puesto desde el 18 de julio pasado, de acuerdo a un correo electrónico enviado a los empleados por la oficina de prensa del Ministerio de Justicia, del cual La Nación tiene copia.
Esto significa que la contratación se dio pese a que aún no se ha realizado el juicio en su contra por ser sospechosa de cometer dos delitos de concusión.
Según informó la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ya hay acusación y el debate se realizará del 2 al 31 de mayo del 2017, en el Tribunal Penal de Hacienda, en Goicoechea, San José. La causa se tramita bajo el expediente 11-00049-621-PE.
El Ministerio Público informó de que Valverde fue detenida en octubre del 2011 porque, en apariencia, recibió ¢2 millones y ¢3 millones de dos sujetos presos en la cárcel de Pérez Zeledón, cuando ella era directora de ese centro.
Supuestamente, esos reclusos le dieron ese dinero con la finalidad de que los cambiara de ámbito o para que recomendara su libertad condicional a un juez de ejecución de la pena, por medio del Instituto Nacional de la Criminología (INC).
El Código Penal establece que el delito de concusión se castiga con penas de dos a ocho años de prisión, al “funcionario que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente un bien o un beneficio patrimonial”.
Justificación. Para el viceministro de Justicia, Marco Feoli, ese proceso penal en contra de Valverde no tiene por qué interferir en la decisión de colocarla como subdirectora de La Reforma.
Primero, puntualizó el jerarca, porque la funcionaria tiene “muchísima experiencia” dentro del sistema penitenciario y, además, por tener cerca de 25 años de trabajar para ese Ministerio.
Segundo, añadió, porque ella fue exonerada “de toda culpa” en el proceso administrativo que se le abrió por esas denuncias.
De hecho, apuntó que Valverde nunca fue suspendida de su cargo. Después de su captura, dijo, fue reubicada a la Oficina de Cómputo de Penas, del INC.
“Esa causa fue absuelta y no por dudas, sino porque hubo pruebas que acreditaron que todo se trataba de un montaje”, detalló Feoli, sin precisar cuál fue esa evidencia, esto debido a que el proceso penal todavía se mantiene abierto.
“Lo que sí puedo decir es que (Valverde) ofreció testigos que acreditaron que no hacía ningún cobro, que tenía problemas personales con algunos funcionarios, que había gente que decía que la iban a perjudicar por la forma tan ordenada en cómo llevaba el centro (penal)”, añadió.
En cuanto al proceso penal, Feoli señaló que ella es “inocente hasta que se demuestre lo contrario”, por lo que “no debe cargar” con esos señalamientos.
“¿Cómo no le vamos a dar una oportunidad a alguien que, en nuestra investigación, fue liberada de cualquier responsabilidad? (...) Hay un derecho al olvido y más cuando fue eximida de esa responsabilidad en la sede administrativa”, señaló Feoli.
Se intentó conversar con la funcionaria Valverde Granados, pero la oficina de prensa indicó que solo el viceministro se referiría a este caso.
‘Intenciones retorcidas’. Ante la consulta de La Nación, el funcionario aseguró que esta situación es “aprovechada” por trabajadores que pretenden perjudicar a Valverde Granados.
“Desde luego, desconozco cómo le llegó la información y no es mi tema, pero sí percibo y tengo que intuir que detrás de esto hay interés de algunos funcionarios de entorpecer el trabajo que ha venido haciendo ella”.
Aseguró que le angustia la reacción de diferentes frentes ante esta publicación. “Me parece que hay intereses un poco retorcidos. Me angustia como esto puede afectar a una persona. Me angustia un poco que se pueda reactivar una persecución injusta, porque detrás de esto hay una familia y una persona que está tratando de trabajar”.
Además de su puesto en Justicia, Valverde también se desempeñó en varias ocasiones como jueza de Ejecución de la Pena.
Cuando fue detenida, la Corte Suprema de Justicia ordenó eliminarla de la lista de elegibles y suplentes. Ayer se intentó conocer si esa disposición se mantiene, pero no se obtuvo respuesta a un correo electrónico enviado.