San José (Redacción). Una solicitud para que se retirara una jueza que integra el Tribunal de Juicio de Goicoechea impidió que arrancara hoy un juicio donde se discutirá una presunta estafa con la compra de 397 chalecos para la Policía Judicial.
La oposición para que en el debate participe la jueza Mercedes Muñoz Campos, la plantearon los defensores de los imputados en este proceso.
Sergio Munera, quien representa al secretario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) imputado en la causa, dijo que Muñoz el 4 de agosto del 2002, cuando se desempeñaba como jueza penal firmó a solicitud del Ministerio Público una carta rogatoria al Gobierno de Israel, para que ese país enviara prueba sobre la calidad de los chalecos.
Ante la gestión, el también abogado Federico Morales -representante de dos empresarios acusados en el proceso-- apoyó la solicitud, al explicar que para emitir esa solicitud, la jueza debió analizar en aquel momento el expediente y el artículo 55 del Código Procesal Penal dispone que los jueces deben desistir de conocer asuntos en los cuales durante el proceso investigativo emitieran algún pronunciamiento.
El Tribunal integrado por Alfredo Arias, Susana Wittmann y Muñoz, trasladó para el lunes una decisión sobre el tema.
El caso que se juzga tiene su origen en dos licitaciones realizadas en el 2008 y 2005, cuando el Poder Judicial compró 397 chalecos antibalas para que los utilizaran agentes del OIJ.
Para la Fiscalía los chalecos que se ofertaron no fueron los mismos que se entregaron.
Por este asunto se acusó a dos empresarios Jonathan Bilak y Beatriz Bron, representantes de la empresa Armiel que ganó la venta de los chalecos, como sospechosos del delito de estafa.
En tanto a Mauricio Fonseca, secretario del OIJ, se le atribuye el delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, pues se la Fiscalía lo acusa por recibir un producto en mal estado.