Playa Panamá, Carrillo. Sencillo, pero sincero. Admite que no le gustaba estudiar y que por eso fue al INA, donde aprendió a trabajar en soldadura.
Nunca ha tenido pasaporte y menos ha salido del país, pero desde enero del 2005 figuró en la lista de imputados como sospechoso de recibir sobornos que la firma londinense PWS, supuestamente, habría dado a funcionarios costarricenses, incluido el exmandatario Miguel Ángel Rodríguez.
Es de contextura mediana, pero le gusta el trabajo fuerte. Durante 23 años laboró con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en los proyectos Miravalles y Pailas, en Guanacaste.
Según sostuvo el Ministerio Público durante la investigación, este hombre viajó al menos tres veces al exterior y recibió $45.000 en una cuenta del Banco Nacional.
Pero ese tuvo que ser otro, porque este Porfirio Brenes Quesada (48 años) vive en la urbanización Andesa, en Cañas, Guanacaste, y no tiene cuentas en ese banco.
La Fiscalía lo señaló en este proceso e incluso lo detuvo por llamarse igual que otra persona.
“Esto me ha afectado muchísimo. Estuve un mes sin trabajar, luego me congelaron una cuenta en el Banco Popular donde me depositaban el salario, y cuando volví a trabajar, allá en Guayabo de Bagaces, decían que yo estuve preso por lo del robo al banco, otros que era porque había violado a una muchacha; fueron días difíciles”.
Ayer contó su pesadilla en playa Panamá de Carrillo, Guanacaste, donde es contratista de la parte metálica en un hotel en construcción.
Calvario. Según Brenes, su calvario empezó cuando llegaron dos oficiales el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a su lugar de trabajo, en Bagaces, para notificarle que tenía una cita el 23 de enero del 2005 en la Fiscalía en San José.
“No sabía qué era. Mi esposa me acompañó hasta San José porque íbamos a aprovechar para comprar los tiliches de la escuela para los chiquillos (tiene dos hijos). Era a las 9 a. m., y cuando llegué me dijeron que si tenía abogado; les dije que no. Entonces me citaron para las 2 p. m. Cuando volví, me tenían al defensor público Wilson Flores.
”Él me preguntó si sabía a qué iba, y le dije que no. Él me explicó de qué se trataba y fue ahí cuando supe que habían pedido un año de prisión preventiva”, contó Brenes.
“Lo que siguió fue muy duro. Con el tiempo, he tratado de olvidar ese proceso de encarcelamiento porque lo deschingan a uno para revisarlo, ver si tiene tatuajes o cicatrices, le toman fotos (...). Pero lo más frustrante fueron esas cinco horas en ese cubículo, donde había personas realmente criminales. Esas cinco horas para mí se convirtieron en 50 años”, expresó Brenes.
Con ayuda de su abogado, el soldador quedó libre a las 8 p. m., pero le dictaron impedimento de salida del país y alejarse del ICE.
En dos días, consiguió certificaciones de que nunca tuvo pasaporte ni cuenta en el Banco Nacional.
“El 23 de febrero (2005), en una nueva audiencia, el fiscal dijo que conmigo habían cometido un error, pero que seguía siendo sospechoso y me siguieron mandando las notificaciones”, agregó Brenes.
Así pasó los últimos ocho años hasta que, el lunes anterior, en la audiencia preliminar en el Tribunal de Goicoechea, la fiscala Giselle Rivera pidió sobreseerlo.
“En aquel momento vieron que este señor se llamaba Porfirio Brenes y había una transferencia de fondos a Porfirio Brenes y acusaron a este pobre señor”, dijo.
Brenes contó que, al escuchar a la fiscala, sentió que se le “había caído un peso enorme”. Pese a que ella afirmó que Brenes renunció a demandar al Estado, él rechazó que haya llegado a un acuerdo para no cobrar daños. Dijo que hay una negociación a través del Instituto Nacional de Seguros (INS).
La Nación trató de obtener la versión de Rivera por correo electrónico, pero no fue posible.
Brenes comentó que nunca tuvo al expresidente Rodríguez tan cerca. Asimismo, lamentó que por no poder salir del país perdiera dos buenas ofertas de empleo en Honduras y Nicaragua.