José Manuel Urbina Lara, abogado con nacionalidad nicaragüense y costarricense, recordado porque el 8 de marzo de 1993 secuestró la Embajada de Nicaragua en barrio La California, San José, es uno de los presos políticos que sigue tras las rejas en el vecino país, luego de que otros 222 fueron deportados hacia Estados Unidos este jueves por el gobierno de Daniel Ortega.
En conferencia de prensa, Ortega manifestó que Urbina es uno de los cuatro nombres que el gobierno de Estados Unidos vetó al enviarle la lista de los presos políticos que serían desterrados de Nicaragua. Además de Urbina desaprobó recibir a Jaime Navarrete, Walner Ruiz Rivera y Eliseo de Jesús Castro Baltodano. No trascendieron las razones por las cuales el Gobierno de Estados Unidos no aceptó que esas personas viajaran.
Urbina, en oposición a medidas del gobierno de Violeta Barrios (1990- 1997), tomó la legación de Nicaragua en nuestro país en marzo de 1993 junto con otros tres exguerrilleros que formaron lo que llamó el “Comando Yolaina”. Sostenía que ese gobierno, de la coalición Unión Nacional Opositora, cogobernaba con el sandinismo.
Durante 13 días tuvieron como rehenes al embajador de entonces, Alfonso Robelo y otros funcionarios de esa sede diplomática. En total 25 personas fueron sorprendidas por el grupo de exguerrilleros armados.
Exigía la destitución del jefe del Ejército de Nicaragua, Humberto Ortega, hermano de Daniel Ortega, y también destituir al Ministro de la Presidencia, el empresario Antonio Lacayo, yerno de Violeta Barrios.
También pidió la mediación del entonces cardenal Miguel Obando y Bravo, además $6 millones, de los cuales cinco serían entregados al cardenal Obando para obras sociales, y el millón restante para financiar a la Brigada Patriótica Nicaragüense.
Luego de negociar una salida con las autoridades, sin que nadie resultara herido, el 21 de marzo Urbina y su cómplice Guillermo Oporta partieron hacia República Dominicana. Luego de dividir en partes iguales los $250.000 que recibieron a cambio de la liberación de los rehenes, Urbina se refugió en ese país de las Antillas.
Actualmente el opositor al sandinismo tiene 59 años, es padre de ocho hijos y está en la cárcel Modelo de Tipitapa, adonde fue trasladado el año pasado luego de protagonizar una huelga de hambre, para demandar su libertad y mejores condiciones carcelarias.
Amada Urbina Lara, hermana de José Manuel, dijo esta tarde, vía telefónica, que van a pedir explicaciones sobre por qué se le negó la salida a su hermano si la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras entidades de derechos humanos han insistido en que se le deje libre.
Eso sí, dijo que conoce muy bien las luchas de José Manuel y sabe que no va a irse desterrado de su patria. Dijo que desde que era estudiante de derecho, a los 17 años, ha mantenido sus principios.
Confirmó que el embajador de Estados Unidos se habría opuesto a la salida de Urbina porque no era bien visto en esa nación, sin embargo aclaró que su hermano no tiene condenas por terrorismo, por homicidios ni otros delitos graves. Cuestionó que sea el embajador y no las autoridades superiores las que decidan quién sale y quién no.
“Está preso por ser un opositor verdadero. Él no tiene necesidad de irse a ningún país”, dijo la mujer, quien dijo que la familia lo apoya en todo.
Como hay 39 presos políticos todavía, afirmó que van a insistir en su libertad sin que sea deportado. Afirmó que el 21 de febrero irá a visitarlo a la cárcel donde solamente le permiten conversar con él a través de un vidrio. Afirma que está en máxima seguridad y que por haberse ido a la huelga, lo han torturado y no lo dan ni una hora de sol.
Muy controversial
Urbina Lara está detenido desde marzo del 2021, luego de que le dio un aventón en su camioneta a un campesino que se topó en una zona rural y el carro en que viajaban se accidentó y falleció el pasajero, José Rizo, de 29 años. Se le detuvo por homicidio imprudente al alegar que conducía a exceso de velocidad.
El periodista del diario La Prensa, Hans Lawrence Ramírez, afirmó que como la ley en Nicaragua permite que haya mediación entre el victimario y la familia del fallecido, Urbina Lara llegó a un acuerdo con la familia de Rizo para el pago de una suma de dinero, pero en este caso, al parecer por el hecho de que Urbina era opositor al Gobierno, no se le permitió el arreglo y se le condenó a cuatro años de cárcel, en un proceso irregular, al negársele la mediación que la ley dispone.
Será hasta el año 2025 en que podría salir libre. Sin embargo en algunos casos hay opositores al régimen que siguen presos, pese a haber completado la pena, explicó el periodista Lawrence.
Polémico desde joven
El nombre de Urbina comenzó a sonar en Nicaragua desde el 24 de diciembre de 1984, cuando la embajada de nuestro país en Managua fue asaltada por la Policía Sandinista, según denunció nuestro gobierno en aquel entonces.
El objetivo de esa acción policial era arrestar a un joven de 21 años que había evadido el Servicio Militar Obligatorio, al cual se oponía. El día de su arresto tenía varias semanas refugiado en la embajada costarricense, donde pidió asilo político. Se trataba de José Manuel Urbina Lara.
El gobierno sandinista de la época alegó que Urbina Lara había sido capturado en las afueras de la embajada, pero en nuestro país se decía que se trataba de un asalto.
Nueve años después de esa acción, en 1993, ocurrió el secuestro de la embajada nica en nuestro país y el exilio en República Dominicana.
Urbina regresó a Nicaragua en marzo de 1997, poco después de que asumió el poder Arnoldo Alemán Lacayo. Esa vez fue detenido al llegar al aeropuerto, le impusieron cuatro meses de prisión preventiva y luego afrontó un juicio en ese país por los delitos de plagio, exposición de personas al peligro, asociación ilícita para delinquir y terrorismo, en perjuicio de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica.
Salió absuelto de todos los cargos y siguió en sus labores de abogado y como director de un programa de radio, y también se dedicó a componer algunas canciones, pues desde joven tocaba guitarra.
En octubre de 2019, la Corte Suprema de Justicia le retiró la licencia de abogado y notario público por cinco años, por presuntas quejas de incumplimiento con el trabajo de sus clientes.
La toma de la Embajada
La tarde del 8 de marzo de 1993, encapuchados desarmaron al único vigilante que estaba en la sede diplomática en San José. De inmediato reuneron a todos los que estaban en el edificio y los llevaron a una habitación del segundo piso.
Los secuestradores portaban varios galones de gasolina y colocaron explosivos en las puertas y entradas principales a la embajada.
Era el líder de la banda, José Manuel Urbina Lara, quien se quitó la capucha y se encargó de explicarle a los rehenes que si se movían de un lugar a otro, podían activar alguno de los explosivos y generar una explosión.
Luego, con un megáfono y con el rostro descubierto, Urbina Lara explicó a las autoridades desde una ventana que se trataba del “Comando Yolaina” e hizo saber las demandas al gobierno de Violeta Barrios. Ahí comenzó todo.
El 27 de mayo de 1996, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país recibió por vía diplomática una carta rogatoria del Juzgado Quinto de Distrito del Crimen de Managua, Nicaragua, solicitando a las autoridades penales remitir copia certificada de todo lo actuado en relación a los hechos ocurridos aquel 8 de marzo de 1993 en la embajada.
Lo anterior para sustentar la causa seguida contra José Manuel Urbina y Guillermo Oporta Reyes, por el citado secuestro. Correspondió al Juzgado Tercero de Instrucción de San José enviar la información. A Urbina Lara nunca se le procesó aquí, porque el lugar (embajada) donde perpetró el hecho, se considera territorio nicaragüense.
Colaboró el periodista Hans Lawrence Ramírez
.