La Sala Cuarta ordenó archivar una causa administrativa contra la exjefa de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz Cascante, por promover la huelga de empleados judiciales que se llevó a cabo entre el 19 y 31 julio para protestar contra las reformas a su régimen de pensiones.
La decisión la adoptaron los magistrados constitucionalistas mediante el voto 2017-17765 de las 12:25 horas del pasado viernes 3 de noviembre, confirmó este lunes la oficina de prensa de la Sala Constitucional.
En el por tanto, se deteminó: "Se declara parcialmente con lugar el recurso por violación a la libertad de pensamiento y expresión y de trato igual frente a la ley. Se anula el auto de traslado de cargos en contra de la amparada que se tramita en el expediente 17-001187-031-1J ante el Tribunal de la Inspección Judicial y se ordena el archivo del expediente".
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Asimismo, los altos jueces condenaron al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios ocasionados con el hecho que sirvió de base a esta declaratoria. Los montos se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Consultada Marta Iris Muñoz sobre la resolución, indicó que prefería esperar a que esté listo el fallo integral para emitir un criterio más amplio. "Eso es apenas una parte de lo que está pasando en la Corte, quién ordenó este proceso y por qué", afirmó.
Muñoz se había acogido a la jubilación desde el pasado 1.° de octubre.
Proceso interno
Marta Iris Muñoz acudió a la Sala IV a mediados de setiembre pasado, poco después de que el Tribunal de la Inspección Judicial abrió, el 5 de setiembre, una causa de oficio en su contra por supuestas fallas en el ejercicio del cargo que, según se indicó, afectaban la imagen del Poder Judicial.
Principalmente, se le cuestionó por apoyar y sumarse a la huelga de funcionarios, pese a que ella representaba una figura patronal dentro del Poder Judicial y ocupaba el puesto de mayor jerarquía institucional de los defensores públicos.
"Usted, Marta Iris Muñoz Cascante, en su condición de Jefatura Superior de la Defensa Pública, incurrió en fallas en el ejercicio de su cargo por cuanto durante el citado plazo (19 al 31 de julio) apoyó y participó activamente en la denominada 'Huelga' convocada por distintos gremios del Poder Judicial. Lo anterior, pese a su condición de Representante Patronal del Poder Judicial", decía la causa.
Especificamente, le imputaron tres presuntas fallas en sus actuaciones. La primero ocurrió el 19 de julio, durante una marcha en las cercanías de la Asamblea Legislativa, cuando supuestamente Muñoz llevaba un cartel que decía "Defensa Pública de Costa Rica PRESENTE en la lucha por la independencia del Poder Judicial y su régimen de pensiones".
Asimismo, se afirmó que entre los días 24 y 28 de julio, Muñoz hizo uso del micrófono y realizó una serie de preguntas a los manifestantes que se encontraban participando del movimiento de huelga. En sus alocuciones habló de "quiénes eran los más beneficiados con el Fondo de Pensiones de este Poder de la República".
Por último, según los cargos, el 26 de julio también tomó el micrófono y le dijo a los presentes: "La Dirección de la Defensa Pública no puede dejar de dar su mensaje en este momento tan importante para la historia del Poder Judicial".
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Muñoz, quien en los últimos meses se ha mantenido alejada de la prensa, sí se manifestó el pasado 16 de setiembre en un derecho de respuesta que envió a La Nación para referirse a la la pesquisa.
"Esta causa disciplinaria representa un precedente nefasto para Costa Rica, en el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad sindical, en tanto se fundamenta en manifestaciones que realicé durante el movimiento huelguístico, como una funcionaria más, entre miles de participantes. Extrañan estas acciones ya que parecen propias de regímenes totalitarios y no de un país como el nuestro, respetuoso de los derechos fundamentales", alegó en aquel momento.