La Sala Constitucional admitió para trámite el recurso de amparo presentado por varios medios de comunicación, a favor del periodista de Diario Extra, Manuel Estrada, y de una funcionaria judicial, quienes denunciaron ser sujetos de rastreo telefónico por parte del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada.
En la resolución de los magistrados, se ordena tanto al OIJ como a la Fiscalía entregar al reportero toda la información que las autoridades judiciales tengan sobre su caso, en un lapso de 48 horas.
Además, los jueces dispusieron que estas mismas autoridades deben garantizar al reportero y sus colegas de Grupo Extra el acceso a cualquier información que sea de interés público.
La Sala negó las otras medidas cautelares solicitadas, dentro de las cuales se incluía "cesar inmediatamente cualquier acción de acoso, amenaza u hostigamiento contra el periodista Manuel Estrada; contra la señora A.G.F.V, y contra cualquiera otro de los funcionarios judiciales, que aparecen en el rastreo realizado por el Organismo de Investigación Judicial y por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado".
Esto debido a que los magistrados resolvieron que se trata de un aspecto que la Sala no podría tener por demostrado, sino que deberá declararse luego de la investigación correspondiente.
En cuanto a la funcionaria judicial, la Sala le ordenó al OIJ no dictar sanción administrativa alguna hasta tanto no se resuelva este recurso.
Asimismo se negó la medida que pedía cesar el rastreo o interceptación de los teléfonos de los comunicadores de Diario Extra y de los funcionarios judiciales, pues determinaron que "la constitucionalidad de los rastreos telefónicos, será un tema de análisis de fondo en este amparo".
El recurso fue admitido por unanimidad.
La votación fue unánime por parte de los magistrados Gilberth Armijo Sancho, Presidente a.i., Ernesto Jinesta Lobo, Fernando Cruz Castro, Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Ronald Salazar Murillo.
El lunes, el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, rechazó que hubiera espionaje y justificó el rastreo pues "se filtró (del Poder Judicial) información que puso en peligro la vida de víctimas, testigos e investigadores en dos casos de secuestro", según dijo.