Entre el 2004 y el 2006 una organización delictiva perpetró 87 robos a furgones cargados con electrodomésticos y artículos comestibles. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) estimó el perjuicio a los comerciantes en ¢1.200 millones.
El 17 de noviembre del 2006, Jorge Rojas Vargas, en aquel momento director del OIJ, anunció la desarticulación de una organización que se presumía cometió dichos hechos. La policía detuvo a 17 personas: diez costarricenses y siete asiáticos, estos últimos, en su mayoría, comerciantes.
El Ministerio Público no acusó los 87 robos, sino que elevó a juicio solamente cinco atracos y atribuyó a los sospechosos la presunta responsabilidad en los delitos de robo agravado, privación de libertad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
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Este jueves, 12 años después de aquel operativo, el Tribunal Penal de Pavas absolvió por duda a 16 de los 17 detenidos que finalmente llegaron a juicio. Uno de los imputados falleció esperando el debate.
La jueza Beatriz Paniagua Castro, al explicar el porqué de la absolutoria afirmó: "Evidentemente, un problema que tuvo este proceso es que los hechos datan del año 2006 y el juicio se realizó 12 años después.
"Esto incidió en que el Ministerio Público, al momento de buscar a su prueba testimonial, (los testigos) no fueran localizados y se debió prescindir de su declaración. Los pocos que lograron venir no aportaron elementos de prueba suficiente para acreditar la responsabilidad de los aquí encartados".
Ausencia de testigos
Para este juicio fueron citados 27 testigos, pero sólo llegaron cinco. Los que faltaron no fueron lacalizados.
Eso sí, la jueza Paniagua sí fue enfática en señalar que “los encartados no estuvieron enfrentando una acusación arbitraria, ni infundada. Fue una acusación con elementos de prueba (...), que cuando fueron valorados por el juez de la etapa intermedia, éste consideró que existían elementos de prueba con un grado de probabilidad de que los encartados habían participado en los hechos acusados”.
Sin embargo, en la etapa de juicio, "el tribunal se vio imposibilitado a dictar una sentencia condenatoria porque no existe la certeza que se requiere para condenar".
Asimismo, hizo ver que al analizar la acusación, determinaron que existían problemas con la calificación de los delitos, entre ellos el de asociación ilícita.
"En la acusación se habló de una estructura criminal conformada por ciudadanos costarricenses y asiáticos (...) que se dedicaba a la sustracción de mercadería que era transportada por traileros y, una vez que se apoderaban, la guardaban en lugares ya dispuestos (...) para luego ser distribuida en comercios (...), pero el Ministerio Público omite indicar cuál es la participación de cada uno de los imputados".
Nueve años en tribunal
La oficina de prensa del Ministerio Público, en un comunicado emitido este jueves, explicó que la Fiscalía de Pavas presentó la acusación en el 2008 al Juzgado Penal de Pavas, que fijó para agosto de ese mismo año la realización de la audiencia preliminar.
Sin embargo, debido a que no se pudo localizar a todos los imputados, la diligencia se suspendió y se llevó a cabo en enero del 2009, cuando el juzgado dictó el auto de apertura a juicio.
Luego, el expediente pasó al Tribunal Penal de Pavas a la espera de que se señalara fecha para realizar el debate, que inició la segunda semana de febrero del 2018. No fue posible conocer la razón del retraso de nueve años en el Tribunal.
"La Fiscalía, en el debate, con base en el principio de objetividad (...), solicitó la absolutoria de los 16 imputados (...) Ello en virtud de que no fue posible acreditar los hechos que se habían acusado, por cuanto no se logró ubicar a gran parte de los testigos. A los que se les logró ubicar, no recordaban los hechos, ya que habían pasado muchos años desde que ocurrieron los mismos; e incluso, en el caso del delito del favorecimiento real, el mismo ya se encontraba prescrito", comunicó el Ministerio Público.
El abogado Gerardo Cantillo Lewis, defensor de un imputado de origen asiático, dijo que el retraso en la realización del juicio se debió a "un desface en las autoridades judiciales".
"Mi representado estuvo una semana privado de libertad, luego le dieron fianza. Al inicio le atribuían el delito de receptación, luego de robo agravado y asociación ilícita y ahorita, 12 años después, se logró comprobar de que él no tenía nada que ver con los hechos que se le estaban imputando", declaró.
Mientras que José Luis Lee, quien representó a otro asiático, también criticó la lentitud de los responsables judiciales.
"Yo calificó este proceso como un trauma para ellos, porque estar sometido a un proceso 12 años, donde no tienen nada que ver fue traumatico. Incluso a mi cliente, y casi a todos los paisanos, les dictaron impedimento de salida. Durante 12 años no han podido ir a visitar a sus familiares”, dijo Lee.
Asimismo, agregó que este jueves el tribunal ordenó la devolución de los artículos decomisados. “A unos de ellos les decomisaron carros y están en el patio (del Poder Judicial). Imagínese, después de 12 años, ¿cómo estarán esos vehículos?, ¿qué van a recuperar ahora?”, afirmó.
Ninguno de los abogados defensores dijo que impugnaría la sentencia.