“En una audiencia le dije a la jueza que yo tenía un salario bajo y que no podía pagar el salario escolar, pero ella me respondió que yo tenía que buscar otro trabajo o ver qué hacía para pagarlo. No le importó nada, me ignoró y eso fue una humillación”.
Es el relato de Luis Carlos van Eylen Ríos, de 28 años, quien contó que, después de esa audiencia, le ordenaron pagar ¢200.000 mensuales por pensión alimentaria y el mismo monto por concepto de gastos por entrada a clases.
Por lo tanto, desde el 2013, él debía darles ¢400.000 en enero a sus dos hijos (de 8 y 5 años), pese a que contó que su ingreso mensual es de ¢300.000.
Van Eylen es uno de los hombres que interpuso un habeas corpus para quejarse de la “forma antojadiza” en la que los jueces fijan el salario escolar.
Por eso, después de conocer que la Sala IV les ordenó a los jueces fundamentar el monto que impusieron en su caso, este padre calificó el fallo como un “gran paso en esta lucha”.
“Siento que, al fin, el juez tendrá que pensar en mi situación económica antes de fijarme montos exagerados. Siento que al fin va a entender que si no pagamos es porque no podemos, no porque no queremos hacerlo”, mencionó Van Eylen.
‘Infierno’. Desde que se divorció de su pareja en el 2011, Van Eylen detalló que su vida se convirtió en un “infierno”.
“He ido infinidad de veces al Juzgado (de Pensiones Alimentarias de Alajuela) para explicar la situación, pero lo que recibo son puras negativas. Es una situación muy frustante”.
Su panorama se agrava porque dijo que hay meses en los que se atrasa con el pago de la pensión y lo que más teme es que lo metan a la cárcel por eso.
“Lo más que me he retrasado es un día, pero mi expareja no aguanta nada. Yo le explico que estoy consiguiendo el dinero, pero a ella no le importa y me manda a oficiales. Lo bueno es que cuando la Policía llega ya reuní la plata y no me pueden detener”.