El segundo juicio por la compra de 397 chalecos antibalas para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue suspendido, pues la defensa rechaza la participación de una jueza en el Tribunal de Juicio de Goicoechea.
En el proceso penal se juzgará a dos empresarios y a un funcionario del OIJ. A los dos primeros sospechosos se les sigue una causa por el delito de estafa y al empleado judicial por falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.
Sobre la negativa a la integración de la jueza al panel, Sergio Múnera, uno de los defensores, dijo que Mercedes Muñoz Campos, cuando era jueza penal, el 4 de agosto del 2008, firmó, por solicitud la Fiscalía, una carta rogatoria al Gobierno de Israel para que ese país enviara prueba sobre la calidad de los chalecos.
Otro defensor, Federico Morales, de inmediato, lo apoyó, al explicar que para emitir esa solicitud, la jueza debió analizar, en aquel momento, el expediente.
“El artículo 55 del Código Procesal Penal dispone que los jueces de juicio deben excusarse de conocer asuntos, en los cuales, durante el proceso investigativo, emitieran algún pronunciamiento”, afirmó .
El fiscal Miguel Navarro y el procurador de la Ética Pública, Miguel Cortés, dijeron que la firma de un documento no era motivo para pedir la separación de la jueza.
Ante la pugna, el Tribunal de Juicio aplazó para el lunes, a la 1:30 p. m., resolver la objeción.
Antecedente. El caso que se juzgará tiene su origen en dos licitaciones realizadas en los años 2005 y 2008, cuando el Poder Judicial compró los 397 chalecos antibalas para que los utilizaran agentes del OIJ.
Para el Ministerio Público, los chalecos que se ofertaron no fueron los mismos que se entregaron.
Por esa razón, se acusó a los empresarios Ángel Guillermo Bilak Goldschmidt y Beatriz Dory Bron Steimberg, representantes de la empresa Armiel, la cual había ganado la venta de los chalecos.
En tanto, a Mauricio Fonseca Umaña, secretario del OIJ, la Fiscalía lo acusa por recibir un producto en mal estado.
En un primer juicio, sobre este caso, que concluyó el 31 de octubre del 2012, se absolvió por certeza a Fonseca y por duda a Bilak y Bron. Asimismo, se declaró sin lugar el reclamo civil.