El proyecto minero Crucitas vivió, en la última década, un viacrucis en diversas instancias como la Sala Constitucional, la Sala Primera y el Tribunal Contencioso-Administrativo.
El caso se remonta al 18 de diciembre de 1999, cuando la compañía Industrias Infinito presentó la solicitud para la concesión minera en Crucitas de Cutris, San Carlos. Con ello, pretendía extraer 700.000 onzas de oro en 10 años de explotación.
Para diciembre del 2001, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, se le otorga la explotación, pero con la condición de que debía contar con un estudio de impacto ambiental.
Tres años después, la Sala IV anuló la concesión, ya que se autorizó sin el estudio de impacto ambiental. En octubre del 2005, Industrias Infinito gestiona el restablecimiento de la concesión minera anulada.
Para abril del 2008, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae ) otorga la concesión a Industrias Infinito. En octubre de ese año, se emitió un decreto que declaró de “interés público y de conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas”.
El “no” definitivo al proyecto se dio el 1.° de diciembre del 2011, cuando la Sala I avaló la nulidad de la concesión.
Industrias Infinito perdió su última batalla el 20 de junio del 2013, luego de que la Sala IV rechazó de plano una acción de inconstitucionalidad presentada por la empresa. Entre las acciones tomadas por la compañía, se encuentra la demanda que presentó la firma contra el Estado, por $1.092 millones.