De lunes a viernes, Gabriel, preso por deber la pensión alimentaria a su expareja, sigue su rutina fielmente.
A las 5 a. m. se levanta, y 45 minutos más tarde lo trasladan de la Unidad de Pensiones Alimentarias, en la cárcel La Reforma, en Alajuela, hasta la prisión para mujeres El Buen Pastor, en Desamparados, San José.
Cuando ya son las 8 a. m., Gabriel, cuya identidad no se revelará, comienza a hacer labores de soldadura, albañilería, fontanería o carpintería, en ese centro penal. A las 4 p. m. sale de trabajar y lo trasladan de El Buen Pastor a La Reforma.
Al igual que él, hay otros 11 hombres detenidos por pensión, quienes laboran en construcción en El Buen Pastor.
Por ese trabajo de ocho horas diarias, esos presos obtienen unos ¢2.000 al día; es decir, al mes reciben ¢40.000 aproximadamente.
Si Gabriel o cualquier otro de ellos estuviera libre e hiciera tales labores, podría cobrar hasta ¢10.630 diarios, unos ¢106.000 mensuales, según la lista de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo.
‘Compromiso’. Antes de que puedan trabajar en la cárcel de mujeres, los interesados deben firmar un “compromiso para apremiados corporales”.
En ese documento, del cual La Nación tiene copia, el preso acepta trabajar de 8 a. m. a 4 p. m., de lunes a viernes, bajo la guía y supervisión de personal de Mantenimiento y del Departamento de Arquitectura del centro penal.
Si es respetuoso de ese “compromiso”, les pagarán un “incentivo económico” de ¢22.980 quincenales a los ayudantes y de ¢20.715 quincenales a los operarios. Si incumple el acuerdo, será dado de baja del proyecto.
Posición oficial. Antes de emitir cualquier criterio, Reynaldo Villalobos, director de Adaptación Social, advirtió de que no existe ninguna relación laboral entre los apremiados y la Administración Penitenciaria.
“Son 12 muchachos que están bajo su propia voluntad, en un proyecto ocupacional en obras constructivas”, resaltó.
De hecho, explicó, el plan de llevarlos a El Buen Pastor consiste en mantenerlos ocupados, enseñarles un oficio y generarles hábitos laborales (despertarse temprano, por ejemplo).
“Se les otorga un incentivo económico, que no es lo mismo que un salario; por eso no se puede comparar”, puntualizó.
Villalobos dijo que la suma que se le da a cada preso depende de los recursos económicos de la entidad. “Hay un rubro para pago de planilla de privados de libertad y se pagará de acuerdo con lo que emita el mismo”, expresó.
Eso sí, admitió que el incentivo podría ser estudiado y, en algún momento, aumentado. “Todo tiene que ver con los presupuestos que nos otorguen. Evidentemente si hay posibilidades de aumentarlo, lo mejoraríamos. Las posibilidades de que eso pase depende del dinero que nos den”.
Villalobos advirtió de que luego de esta entrevista, no sabe si seguirá el proyecto. “Pareciera que ahí se terminó, porque si se están quejando de eso, habrá que ver la situación”.
Oposición. Eugenia Quesada, presidenta de la Fundación Instituto de Apoyo al Hombre, criticó que Adaptación Social utilice el término incentivo para referirse al pago de los presos.
“Incentivo es un estímulo para que desarrolle de mejor manera el desempeño laboral. Eso no es lo que están haciendo aquí, así que es un término errado.
”Mientras haya una paga y una persona te dice qué hacer, hay una relación laboral”, explicó Quesada.
Además, aseguró que violentan los derechos constitucionales de los apremiados.
“Se supone que nadie que esté en una situación de desventaja, puede ser ubicado en cualquier tipo de trabajo y eso es lo que hacen. Lo están poniendo en una jornada extensa, realizando un trabajo fuerte, por una suma extremadamente baja”, reprochó.
Ana Cecilia Jiménez, presidenta de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (Acodehu), aplaudió que intenten mantener a los presos ocupados, pero también criticó los montos que reciben como pago.
“Trabajan la jornada mínima laboral. Mínimo debería de aplicar el salario mínimo y se les paga mucho menos que esto”, apuntó.
Jiménez agregó que, por más que utilicen el término “subsidio”, deberían equipararlo con el salario mínimo.
Se intentó conocer la versión de Montserrat Solano, defensora de los Habitantes, pero no fue posible localizarla.