Las violaciones a las bases de datos policiales que las autoridades del Poder Judicial señalan hoy como inaceptables, fueron tildadas de faltas leves, meses atrás.
En febrero y abril de este año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) presentó dos denuncias ante la Inspección Judicial por consultas indebidas que hicieron funcionarios; sin embargo, ese órgano consideró que no le correspondía conocerlas por tratarse de asuntos menores.
La Inspección indicó que calificar esas acciones era competencia de las jefaturas del OIJ.
El artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dicta que los jefes de oficinas pueden aplicar el régimen disciplinario, “cuando por la naturaleza de la falta no deba aplicarse una suspensión mayor de 15 días”.
Para conductas más graves, los expedientes los resuelve el Tribunal de la Inspección Judicial, que puede ordenar desde amonestaciones, hasta el despido.
Los reproches de jerarcas judiciales surgieron este martes, cuando La Nación dio a conocer que la Plataforma de Información Policial que administra el OIJ fue accedida ilegalmente por 24 agentes y cuatro fiscales para extraer datos sobre el portero Keylor Navas y dos de sus hermanas.
El director del OIJ, Francisco Segura, confirmó que ordenó investigar este asunto y que trasladó los hallazgos a la Inspección Judicial, la cual, en esta ocasión, sí inició una pesquisa.
Ayer, Navas comunicó que se sentía indignado con esta situación.
A la Plataforma tienen acceso 2.262 funcionarios, entre fiscales, agentes judiciales, jueces y oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD).
Causas. Una de las denuncias del OIJ se dio en febrero, cuando un funcionario de Pococí, de apellido López, ingresó de forma indebida al Expediente Criminal Único (cuya información también se puede obtener desde la Plataforma) y obtuvo imágenes.
Dicho empleado no tenía autorización para ingresar a ese sistema, pero aprovechó el descuido de otra compañera, que sí tenía permiso.
El 13 de febrero, la Inspección Judicial resolvió devolver el expediente a la Policía.
La otra queja, que Segura dio a conocer ayer en una conferencia de prensa, se presentó en abril.
En se caso, los representantes de un programa de radio denunciaron que se usaba su nombre para estafar a personas.
El jefe del OIJ explicó que, al presentar la denuncia, los empleados de la radio ya tenían información sobre los antecedentes criminales de la persona sospechosa.
Segura ordenó revisar la bitácora del sistema y se detectó que se hicieron dos consultas: una por parte de un agente que tenía a cargo el caso y otra de un investigador que no tenía relación con la pesquisa.
El caso se remitió a la Inspección con los nombres de los agentes, de apellidos Hidalgo y Ruiz, pero el órgano descartó resolverlo.
Ahora, los dos expedientes están siendo conocidos por Asuntos Internos del OIJ.
¿Es grave? Ayer, en conferencia de prensa, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva, enfatizó en que los abusos con las bases de datos policiales son “inaceptables”.
Indicó que la Inspección indagará y determinará las sanciones.
Por su parte, Segura manifestó que, si de él dependiera, los funcionarios involucrados estarían despedidos. Reiteró que la ley le impide tomar esa decisión.
Se consultó a la Inspección Judicial por qué no se abrieron causas por las otras quejas y, a través de la oficina de prensa, la oficina respondió que “la anterior integración de la Inspección Judicial lo consideró de esa forma”.
En setiembre, los jueces de ese órgano, Rodrigo Flores Garrido y Rodrigo Coto Calvo, se jubilaron. Una tercera integrante, Leda Méndez Vargas, fue traslada de forma temporal.