El Poder Judicial pretende que, en sus tiempos libres, los jueces de los tribunales de flagrancia se dediquen a resolver expedientes del sistema ordinario, en decir juzguen delitos cuya pena sea menor a cinco años de prisión.
La decisión la tomó el miércoles anterior el Consejo Superior y fue ratificada este viernes por la Comisión Nacional de Flagrancia, luego de conocer informes del Departamento de Planificación, en los cuales se analizó el funcionamiento de cada uno de los despachos y señaló que algunos manejan una “baja carga laboral”.
El plan también involucra a fiscales y defensores públicos, que al igual que los jueces, en caso de estar ociosos por falta de expedientes, deberán de dedicarse a atender juicios ordinarios, disponibilidad o sacar rezago.
La magistrada Patricia Solano Castro, coordinadora de la Comisión de Jurisdicción Penal del Poder Judicial, explicó que el objetivo “es balancear las cargas de trabajo (...) hacer más eficiente el recurso. Tratamos de combatir la mora judicial. Hay una pena de banquillo para quien tiene un proceso que no se resuelve, igual para la persona ofendida y nosotros tenemos la obligación de darles una respuesta”.
Asimismo, hizo ver de que sí con el paso del tiempo se determina que los asuntos de flagrancia se incrementan, “prevalecerá flagrancia sobre el ordinario” y el personal volverá a sus funciones en la tramitación rápida. La alta jueza negó que el proyecto tenga la intención de cerrar los tribunales de flagrancia.
“Jamás se ha pretendido que desaparezca. Además, hay una ley que establece el procedimiento expedito”, advirtió.
En tanto la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, se pronunció a favor del proyecto: "Yo fui una de las vote aprobando las recomendaciones (de Planificación) porque lo que se va a hacer es analizar las particularidades de cada jurisdicción y hacer un plan de trabajo para cada una, para maximizar los recursos.
“Solo el representante de la judicatura se opuso, pero la dirección ejecutivo (del Poder Judicial), la Defensa Pública, el OIJ, el Ministerio Público y la vicepresidenta de la Corte (Patricia Solano) votamos a favor. Entonces es acuerdo firme y a partir de ahora, se va a hacer una distribución de tareas para maximizar el recurso”.
El juez Paul Hernández Balmaceda, miembro del Consejo Nacional de Jueces Coordinadores de Flagrancia, dijo que la judicatura se opone al proyecto porque tienen varias observaciones, las cuales no han sido escuchadas.
“No es que no se pueda aprovechar el recurso, pero cuando a usted le dicen que tiene que cumplir con cierta cantidad de asuntos ordinarios en los tiempos libres, se debe recordar que los casos de flagrancias llegan en cualquier momento. Entonces, ¿qué significa? Usted tiene que cumplir con esa cantidad en ordinario porque sino lo van a evaluar negativamente. ¿Cómo vamos a atender una cosa y atender la otra, porque flagrancia aparece en cualquier momento?”, manifiestó Hernández.
Agregó que la preocupación de los jueces es porque “lo que se propone va mucho más allá, se habla de usar las plazas para otro fin que no es flagrancia. Se enumeran, se identifican y se propone su uso para ordinario, es ya darles otro destino”.
Comparación de casos durante el año 2018
FUENTE: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PODER JUDICIAL. || w. s. / LA NACIÓN.
Historia
Flagrancia es un procedimiento penal que nace en octubre del 2008. El objetivo es juzgar de una manera rápida aquellos casos en los cuales el imputado hubiese sido detenido in fraganti, sin importar el tipo de delito que puede ser, hasta un homicidio.
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El sistema introdujo como novedad la oralidad y que en un plazo de 24 horas después de la captura el Ministerio Público deberá presentar la acusación.
Un juez analiza el caso y analiza si las partes sugirieron la aplicación de alguna medida alternativa o un proceso abreviado. En caso de no llegar a ningún acuerdo, el asunto pasa a juicio, que puede realizarse el mismo día en que ocurrió el hecho.
El proyecto arrancó en Goicoechea, pero debido a lo exitoso del programa se extendió a todas las jurisdicciones. En la actualidad funcionan 14 despachos de flagrancia en: San José centro, Goicoechea, Pérez Zeledón, Alajuela, San Ramón, San Carlos, Heredia, Cartago, Limón, Guápiles, Puntarenas, Corredores, Santa Cruz y Liberia.
Tienen horario de 5 p. m. a 11 p. m. empero San José y Goicoechea tiene jornada diurna.
Datos del Departamento de Planificación señalan que entre el 2013 al 2017 estos tribunales conocieron 40.648 casos, de los cuales 17.185 (un 42%) llegó a sentencia y 23.463 (58%) concluyó con una medida alterna.
Observaciones
La magistrada Patricia Solano manifestó que debido a las restricciones presupuestarias, el Poder Judicial desde el 2017 inició un plan para mejorar los servicios aprovechando mejor los recursos existentes.
Precisó que uno de los procedimientos sometidos a análisis fue el de flagrancia, en el cual se determinó que en todos los circuitos hay, al menos, cuatro jueces con categoría cuatro, que al tener ese rango pueden realizar audiencias tempranas, conformar un tribunal unipersonal (un juez) o un tribunales colegiado (tres jueces).
Solano dijo que el Departamento de Planificación, al hacer un estudio, determinó que la cantidad de casos que en promedio resuelve un juez de flagrancia en bajo. Por ejemplo, en Alajuela, conoce en promedio ocho por mes. En Cartago, estudian seis y en Corredores, cuatro.
Un juez ordinario con categoría cuatro que trabaja de día resuelve por mes 20 asuntos en un tribunal unipersonal. En un tribunal colegiado la cantidad es menor (siete) porque los juicios duran semanas o meses.
"Los jueces cuatro hacen un montón de cosas. No solo van a juicio, sino que cuando entra un expediente analizan la complejidad, cuándo prescribe, si va con medida alterna, si se cumplieron las medidas o los acuerdos de conciliación. A veces se tienen que hacer prevenciones. Eso es trabajo de escritorio que no requiere la participación de un fiscal, ni defensor. Lo hace el juez solo.
“Entonces, si los jueces ordinarios están muy ocupados en juicio, yo esperaría que los compañeros de la misma categoría puedan hacer trabajos que no requieren de fiscales, ni defensores. Van a alivianar el trabajo de sus pares que pasan en juicio. Se hacen mayor cantidad de sentencias y estamos optimizando el recurso”, argumentó Solano.
Al ahondar en el proyecto, la magistrada de la Sala Tercera dijo que la idea es que el coordinador de los jueces de cada jurisdicción organice el trabajo y disponga del juez de flagrancia como mejor le convenga. Señaló que en el caso de Alajuela, se pretende que un juez de flagrancia, en horario nocturno, realice juicios unipersonales del sistema ordinario.
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Limón, caso especial
El Tribunal de Flagrancia de Limón es un caso especial, pues entre enero a mayo de este año solo fueron tramitadas cuatro causas.
La alerta la presentó a inicios de mayo pasado el juez Ronald Abarca Solano mediante un escrito que remitió al Consejo Superior, en el cual se quejó porque la Fiscalía Adjunta de Limón no enviaba expedientes a flagrancia.
El pasado 28 de mayo, el fiscal adjunto de Limón, Manuel Jiménez Steller, explicó que esa situación se debió a que esa fue la cantidad de hechos en flagrancia que se presentaron entre las 5 p. m. y las 11 p. m.
Agregó que en Limón, los hechos de flagrancia ocurren durante el día o en la madrugada, cuando no labora el despacho de atención rápida. Explicó que esa situación provocaba que los asuntos lo tuviera que tramitar un fiscal de turno ordinario.
"La decisión de atender únicamente en la franja horaria ( 5 p. m. a 11 p. m.) se debió también a que cuando citábamos a las partes en la noche para recibirles la denuncia, muchos usuarios manifestaban su inconformidad con el horario.
“Esto porque tienen obligaciones familiares que atender, o bien por la imposibilidad de regresarse a sus casas (...) y porque en muchas ocasiones cuando se requería a los oficiales de la Fuerza Pública actuantes, estos se encontraban en sus horas de descanso o habían salido libres”, dijo Jiménez en la nota.
Asimismo, el fiscal adjunto manifestó que usuarios de lugares como “Matina, Batán y Bananito no acudían al llamamiento judicial porque el servicio de autobuses no se brinda a altas horas de la noche y no podían regresar a sus hogares, o bien en el caso de barrios del centro de Limón que son conflictivos como Envaco, Limón 2000, Limoncito y Cieneguita, no se presentaban por la inseguridad propia de la zona que durante las noches es mayor”.
Inicialmente, se propuso para Limón que un juez, un fiscal y un defensor (todos de flagrancia) trabajaran en jornada diurna para que atendieran los casos que surgieran y realizaran las audiencias iniciales sin inconvenientes para los usuarios.
La magistrada Patricia Solano, quien también es coordinadora de la Comisión Nacional de Flagrancia, dijo que la iniciativa está en análisis y todavía no se toma una decisión final.
“En esa coordinación se está. Cada lugar tiene sus características propias y cada lugar debe dar sus propias respuestas. Por ley orgánica, cada jurisdicción tiene la posibilidad de hacer su propia organización interna de cómo distribuye el trabajo”, concluyó la magistrada.