El Poder Judicial no disponía este lunes de una cifra exacta de trabajadores que se unieron a la huelga indefinida que inició el miércoles de la semana anterior como protesta luego de que una comisión legislativa descartó usar un plan propuesto por los gremios como base de discusión para las pensiones judiciales.
El departamento de prensa del Poder Judicial informó de que estaban trabajando de manera normal la Sala Constitucional, la Sala Primera, la Sala Segunda y la Sala Tercera, así como el Juzgado Penal, así como el Tribunal Penal de Goicoechea, aunque solo en lo referente a prórrogas de prisiones preventivas.
Por otro lado, los sindicatos agrupados en el Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial, comunicaron que el apoyo fue total y se integraron al paro los 13.000 trabajadores. Eso sí, aseguraron que los servicios esenciales no se habían suspendido.
En un recorrido realizado por La Nación en diversos edificios judiciales de San José se observó que los servicios eran mínimos. Incluso las trabas empezaban en las puertas de acceso, donde el personal de seguridad preguntaba a los visitantes para qué oficina se dirigía. Una vez conocida la respuesta, informaban de que esa oficina estaba en huelga.
Por ejemplo, aunque la sección de Denuncias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ubicada en el primer piso del edificio del OIJ, estaba abierta, no había ninguna persona en los cubículos de atención. Otras dependencias, como Pensiones Alimentarias, estaban cerradas. Igualmente, no había nadie en la sección de recepción de denuncias del Ministerio Público, ubicadas en el segundo piso del edificio de los Tribunales de San José.
Asimismo, la presencia de particulares era mínima. Tampoco se observaban abogados particulares quienes generalmente llegan a los despachos judiciales a realizar trámites.
Oficiales del OIJ, quienes hablaron con la condición de que no se mencionaran sus nombres, dijeron que estaban en las oficinas pero solo atendiendo situaciones de emergencia. "No se están realizando labores de investigación", dijo uno de los agentes.
Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ, dijo que desconocía cuántas investigaciones se dejaron de realizar. "No puedo contestar eso (cuántas investigación se dejaron de hacer) porque los esquemas de trabajo informativo tampoco están funcionando", agregó.
Interior del país.
Igualmente, en las oficinas judiciales de Alajuela, Cartago, Heredia y la Ciudad Judicial (San Joaquín de Flores, Heredia) donde está la Morgue Judicial y los laboratorios especializados, no se estaban dando servicios.
En redes sociales, como la página de Facebook del Frente de Organizaciones Gremiales, los trabajadores publicaron fotos en las cuales informaban de la paralización de servicios en Upala, Sarapiquí, Corredores, Pérez Zeledón y Puntarenas, entre otros muchos lugares.
Sin embargo, en algunos casos sí hubo trámites. Por ejemplo, en los Tribunales de Desamparados se continuó un juicio contra una mujer de apellido Calderón por el delito de homicidio calificado en perjuicio de una menor de edad. Este debate inició el pasado 17 de julio.
También, el abogado privado Alfonso Ruiz publicó este lunes en su perfil de Facebook que el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea realizó una audiencia para ver la impugnación de la pena, caso en el que hay cuatro personas detenidas.
"Es cierto que había cuatro detenidos, pero a ninguno se le vence la prisión sino hasta finales de setiembre, o sea, no urgía hacerla, pero por la dignidad de cuatro privados de libertad condenados por violación calificada tuvieron que presentarse tres jueces, una técnica, una fiscal, una defensora pública, dos guardas de juicio y ocho custodios", dijo Ruiz.
Un juez de Goicoechea, que igualmente pidió no mencionar su nombre, dijo que este tipo de diligencias con reos presos no se han suspendido.
Finalmente, los gremios anunciaron que este miércoles a las 7:30 a. m. realizaran una marcha hacia la Asamblea Legislativa, la cual partirá del bulevar del OIJ.