José Manuel Fernández Chaves, el odontólogo forense más experimentado del país y cuyos trabajos periciales han resultado clave en juicios complejos como el asesinato de la anestesióloga María Luisa Cedeño, presentó en forma sorpresiva su renuncia al Poder Judicial debido a inconformidades con su situación laboral.
Mediante una carta enviada al Consejo Superior del Poder Judicial, de la cual La Nación tiene copia, Fernández Chaves notificó su salida a partir del lunes 15 de enero, motivada por la insatisfacción salarial y la falta de oportunidades en cuanto a capacitaciones.
Sostuvo, entre otros aspectos, que su salario líquido de ¢350.000 semanales es más que incompatible con el tipo de puesto que desempeña, los requisitos académicos y profesionales del mismo, así como el nivel de riesgo que conlleva.
“Así que ser el único especialista con 17 años de experiencia no sirve de nada. Porque si algo he aprendido es que aquí en el Poder Judicial eso no tiene ningún valor, porque el recurso humano no recibe el valor que merece. Incluso mi salario está próximo a disminuir, porque los puntos de carrera profesional que me reconocieron únicamente tienen un periodo de validez de cuatro años luego de la Ley 9635”, indicó.
Sin apoyo para capacitaciones
En su misiva, el odontólogo alegó que para poder especializarse debió ir al exterior y endeudarse con al menos $70.000, pero que durante su desarrollo profesional dentro del sistema judicial tuvo que costearse las capacitaciones.
“Cada vez que salí fue por medio de alguna instancia externa o por mis propios medios; no recibí ni una sola capacitación en Odontología Forense financiada por el Poder Judicial, únicamente conté con permisos con goce de salario, pero fueron para salir a impartir conferencias y capacitaciones”, señaló.
El especialista manifestó en su carta que al igual que él, otras 35 personas, entre médicos forenses y psiquiatras, se fueron del departamento de Medicina Legal.
“Tras considerar que puedo ganarme los trescientos cincuenta mil colones semanales inclusive como chofer de (plataforma privada), he decidido dejar de lado todo el esfuerzo realizado desde 2004 en una profesión tan digna y tan importante como la Odontología Forense. Precisamente he decidido renunciar por eso, porque mi dignidad ya no me permite seguir aquí siendo pisoteado como profesional y como ser humano”, enfatizó.
Fernández, eso sí, garantizó que cumplirá con el deber de rendir testimonio en el segundo juicio por el homicidio de la anestesióloga María Luisa Cedeño, el cual fue ordenado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada. Dicha instancia anuló, en octubre del 2023, la sentencia que absolvió a dos de los imputados y que condenó al tercero.
Durante el primer debate, los análisis de Fernández Chaves determinaron que las dentaduras de dos de los sospechosos coinciden con los mordiscos encontrados en el cuerpo de la víctima.
Tras conocerse su renuncia, Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia y miembro del Consejo Superior del Poder Judicial, reconoció que le preocupa la salida de profesionales, pues considera que “una administración de la justicia eficiente, eficaz y que responda oportunamente a las necesidades del país”, depende de contar con los mejores profesionales y técnicos y en las mejores condiciones para laborar.
“El reto que tenemos, y en el cual trabajamos, es crear estrategias con la Dirección de Gestión Humana para mantener y atraer personas calificadas, tanto en el área jurisdiccional, como en el Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública y el ámbito administrativo.
“Está claro que hay un gran peso para el funcionariado a raíz del cambio de las condiciones salariales y los escenarios para poder optar por una pensión, los cuales obedecen a una serie de reformas legales entre ellas la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público, a esto hay que agregarle una alta carga laboral y la presión que significa tener, en muchos casos, responsabilidad penal, civil…
“Insisto en que frente a este contexto procuramos, en la medida de las competencias y capacidades del Poder Judicial, crear y potenciar condiciones laborales para mantener y atraer a las mejores personas con el fin de fortalecer la justicia y la democracia”, declaró.