El otorgamiento de la condición de refugiado al empresario turístico Igor Vladimirovich Grigorenko, lo libró de una sentencia judicial que ordenaba su extradición a Rusia.
Este hombre de 45 años, que se encontraba detenido desde el 7 de febrero del 2019 en el centro penitenciario La Leticia en Pococí, Limón, fue liberado el pasado lunes 6 de enero.
El caso se resolvió de una manera extraña, pues el anterior 20 de diciembre, a las 2 p. m., el Tribunal Penal de Quepos y Parrita dispuso ordenar la extradición a Rusia.
Sin embargo, el juez Hernán Moya Ureña dejó en suspenso el cumplimiento de la entrega hasta que la Dirección de Migración y Extranjería resolviera, en definitiva, una solicitud de refugio político que con anterioridad había presentado Grigorenko.
Ese mismo viernes 20 de diciembre, a las 4:30 p. m., Migración comunicó al Tribunal Penal de Quepos y Parrita que el día anterior –19 de diciembre–, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio “le concedió la condición de refugiado al señor Igor Grigorenko”.
Debido al cierre colectivo del Poder Judicial, el tribunal pudo conocer sobre este tema hasta el lunes 6 de enero, cuando el juez Hernán Moya, según sentencia 02-TJPQP-2020, rectificó y rechazó la solicitud de extradición gestionada por la Federación de Rusia, al tiempo que dio por terminado ese proceso y ordenó la inmediata libertad del ruso.
El juez, al fundamentar el fallo, argumentó: “Este Tribunal constata que a Igor Vladimirovich Grigorenko se le ha concedido formalmente la condición de refugiado, y por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 1951), merece un trato especial, por ello no podrá ser expulsado del territorio costarricense”.
“El reconocimiento de la condición de refugiado o asilado tendrá el efecto de terminar cualquier procedimiento de extradición iniciado contra la persona refugiada o asilada, a petición del gobierno del país donde se haya cometido el supuesto delito”, agregó.
Por su parte, el abogado Mauricio Brenes Loaiza, representante de Grigorenko en este proceso, lamentó que debido a las vacaciones colectivas del Poder Judicial el asunto se atrasara en la resolución.
No obstante, al final “el Estado costarricense reconoció como válido y justificado el temor de Igor Grigorenko de ser enviado a enfrentar una dudosa justicia en Rusia. Este es un éxito de un equipo interdisciplinario de abogados, y de los derechos humanos que nuestro país se ha comprometido a observar”.
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Pugna por herencia
La detención de Igor Vladimirovich Grigorenko se ordenó en febrero del año pasado, luego de que la Federación Rusa presentó una gestión de extradición.
Lo anterior porque en el Tribunal de Distrito de Anninsky, en la ciudad de Vorónezh, que es la capital de la región de Chernozemie (un poblado de Rusia Central), se tramita un proceso judicial en el cual Igor es imputado por, presuntamente, simular préstamos para quedarse con la herencia de su padre.
Al empresario se le atribuye el delito de fraude, que es sancionado con una pena de prisión de hasta 10 años, según el artículo 159, apartado 4 del Código Penal de la Federación de Rusia.
Ese proceso judicial surgió por la disputa de la herencia del su fallecido padre Vladimir Grigorenko de 60 años. Este empresario ruso murió el 10 de diciembre del 2013, luego de recibir tres balazos durante una disputa con otra persona, cuando se encontraba en condominios La Reserve, en Herradura de Garabito, Puntarenas.
Casi un año después de su muerte, en noviembre del 2014, se presentó en un Tribunal de Distrito de Anninskys, en Vorónezh, un proceso para que un juez dilucidara el destino del dinero que poseía Vladimir Grigorenko.
Mientras se tramitaba ese litigio, se presentaron al tribunal diversas personas que dijeron haber dado préstamos a Vladimir Grigorenko y por tanto reclamaban el pago de los créditos con la herencia. Las presuntas deudas sumaban más de 100 millones de rublos (cerca de $1,5 millones)
No obstante, como parte del proceso sucesorio, Igor compró la deuda para ser pagada con la venta de las propiedades que tenía Vladimir.
Simultánemante, Irina Korobova, segunda esposa de Vladimir, consideró esa negociación como supuestamente fraudulenta y por esa razón se abrió el proceso penal en Vorónezh.