Aristides Arias Fallas, un hombre acusado de liderar una organización dedicada al tráfico internacional de drogas a Guatemala, mediante utilización de "pipetas" o tanques disenados para el transporte de amoníaco y otros gases, aceptó los cargos, ofreció disculpas y le solicitó clemencia a los jueces.
"Le pido perdón a mi familia, al Tribunal y a la patria. Yo estoy muy arrepentido. Esto, en realidad me ha afectado mucho. Esto me ha traído muchos problemas. Fui amenazado de muerte. Aún actualmente, lo estoy. Cometí el gran error de mezclarme con gente muy peligrosa", declaró este hombre que esta próximo a cumplir 50 anos.
El Ministerio Público, representado en el fiscal Christian Sánchez, pidió al final de la tarde un total de 12 años de prisión, mientras que su abogado Mario Chen, cuatro menos.
Este caso quedó al descubierto el 29 de abril del 2009 cuando en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, próximo a Nicaragua, fue descubierto dentro de un camión cisterna, un cargamento de 821 kilos de cocaína y 10 de heroína con un valor superior a los $8 millones.
Ese día únicamente fue detenido Arnoldo Arce Morales, el conductor del vehículo quien de inmediato comenzó a descontar prisión preventiva.
El caso quedó abierto y luego, como parte de las investigaciones desplegadas por la policía de Control de Drogas (PCD), fueron apresadas otras personas: uno de apellido Molina, custodio del cargamento; una mujer de apellido Cubillo, amiga cercana de Arias y dueña registral del cabezal.
La PCD también capturó al guarda del sitio en donde se cargó la mercancía, de apellido Montealto; un vecino de San Vito de Coto Brus de apellido Ugalde y supuesto proveedor de la droga y a una mujer apedillada Serrano, para ese entonces una importante funcionaria judicial.
Arias, vecino de Matina, no fue detenido en esa oportunidad porque desapareció como por arte de magia. Ayer, en su declaración dijo que estuvo escondido durante cinco anos precisamente porque estaba amenazado de muerte.
El grupo, en su totalidad, fue absuelto en un primer juicio en setiembre del 2010.
El Ministerio Público apeló el fallo pero no incluyó a Ugalde para quien la absolutoria quedó en firme.
El 16 de agosto, en un segundo juicio, todos los demás acusados –Cubillo, Arce, Araya y Montealto—con excepción de Serrano, que resultó absuelta, fueron condenados a 10 años de prisión al encontrárseles culpables del delito de tráfico internacional de drogas.
Arias, de 45 anos, desmintió ayer, de manera categórica, ser el líder de la agrupación y el dueño de la droga cuya propiedad se la endilgó a Ugalde y a un hermano suyo que no apareció en el proceso.
Él fue contratado, afirmó, porque conocía como abrir el tanque y para que propusiera una ruta segura entre Costa Rica y Guatemala, requerimientos de los que estaba al tanto debido a que era un transportista de amoníaco.
Aseguró no haber ganado ningún dinero producto de esta actividad y dijo estar en condición de demostrar que es una persona sencilla y sin recursos.
Cuando el fiscal Christian Sánchez le preguntó quiénes eran las personas peligrosas con quienes se había involucrada, su respuesta fue casi simultánea: "con esas que fueron condenadas ese otro señor Ugalde. Usted sabe que cuando uno es pobre quieren involucrarlo de una u otra manera", dijo Arias quien admitió saber que el camión iba cargado con droga y haber estado presente cuando la ocultaron en el tanque destinado al almacenaje del amoniáco.
Incluso admite haber llamado a un taxista y ofrecerle ¢10 mil colones para que le fuera a buscar al chofer y el camión porque no se conocía de su paradero y por ese extravío ya había recibido las primeras amenazas de muerte. En ese instante, se entera que el transporte es objeto de una inspección por parte de oficiales de la PCD.
El fiscal aclaró no poder pedir la pena mínima de prisión, ni diez años como los otros condenados, por la cantidad de droga involucrada, por tratarse de un tráfico internacional y, finalmente, por cuando se utilizó un medio de ocultamiento y transporte al estar involucrado el gas amoníaco.
El defensor Chen demandó los ocho años en virtud de haber admitido la culpa y mostrar arrepentimiento como no lo hicieron los demás acusados y, por haber quedado demostrado, según su criterio, que no era el líder de la organización, el dueño de la droga y estar amenazado de muerte.