Eran las 3 p. m. En la pensión Los Ases, en calle 11 de San José, cerca del barrio chino, varias mujeres sentadas en una banca de bambú, en ropas ligeras, esperan a sus clientes, detrás de la puerta polarizada de vidrio.
El timbre sonó, pero era la Policía Municipal de San José. La visita se debió a una alerta de que había menores en actividades sexuales en ese lugar.
Los efectivos pidieron a las damas sus documentos, pero una de ellas no quiso enseñar la cédula. Estaba en ropa interior, semidesnuda, un poco etílica.
Ante la negativa y la sospecha de que fuese menor, los agentes le dijeron que la llevarían a Dactiloscopia, en barrio México, para identificarla.
La mujer se negó a vestirse, pero sus compañeras la convencieron de que el trámite era rápido. Al salir del local, ella lanzó improperios y empujó a una oficial, por lo que le colocaron esposas.
Una vez identificada como de apellido Bolaños (47 años), en el Archivo Policial, la llevaron a la delegación municipal en barrio Luján para entregarle la notificación policial y liberarla.
Empero, cuando le quitaron las esposas, la fémina ofendió a los policías, gritó malas palabras y los amenazó a todos porque conocía a un alto funcionario.
En determinado momento, aprovechó que le habían retirado las esposas, se lanzó contra una agente, la golpeó en el rostro y abdomen y le tiró las gafas. Otra oficial tomó a la mujer de las manos, la esposó y la metió a una celda.
Un dictamen forense determinó que a la detenida le practicaron una “llave” con trauma distorsivo en el brazo derecho y la empujaron contra las paredes de la caseta policial, lo que le causó traumas con moretones en el tórax anterior y la cabeza. Además, cuando la metieron a la celda, cayó de rodillas y la lesionaron.
La Sala Constitucional ordenó el examen médico para resolver el caso, luego de que la mujer presentara un recurso de amparo por la agresión que recibió el 11 de noviembre pasado.
La Policía Municipal negó los maltratos y más bien sostuvo que ella se había autoinfligido las heridas con los barrotes, al punto de sangrar por la nariz.
Sin embargo, los magistrados de la Sala Constitucional consideraron que la pericia forense desvirtuó ese alegato.
Irracional. El fallo, redactado por la jurista Nancy Hernández, sostiene que la detención inicial de la mujer en la pensión fue legítima porque los agentes cumplían su labor. No obstante, condenó el episodio ocurrido dentro de la caseta policial.
“Aun cuando pueda ser cierto que la recurrente se puso violenta e inclusive agredió a una oficial, por lo que los policías ejercieron su derecho a utilizar la fuerza, también es cierto que la Policía debió hacer uso racional de ese mecanismo, y no aportan prueba contundente para demostrar su descargo, simplemente es su dicho contra el de la recurrente”, señala el voto N.° 14-19854.
La Sala explicó que la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra una persona detenida le dificulta aportar pruebas si sufre de agresiones, por lo cual las autoridades responsables de la custodia deben desvirtuar los alegatos que planteen sobre supuestas agresiones o maltratos.
Actualmente, a la mujer se le abrió en la Fiscalía una causa por resistencia a la autoridad. Contra los oficiales que la agredieron hay otra denuncia judicial y, también, se les abrió un expediente administrativo en la Municipalidad de San José, para determinar si incurrieron en alguna falta.