El expresidente de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría denunció ayer que, en los últimos nueve años, cuatro meses y dos días, superó cuatro acusaciones judiciales que, alegó, formaron parte de una persecución.
Atribuyó esa acción al jerarca del Instituto Costarricense de Seguros (INS), Guillermo Constenla; a Francisco Dall’Anese, exfiscal general, y al exgobernante Abel Pacheco de la Espriella (2002-2006).
Rodríguez hizo la afirmación durante una conferencia de prensa convocada para referirse al sobreseimiento obligatorio que dictó el Juzgado Penal de Hacienda a su favor en el caso de un aparente pago de dádivas a exfuncionarios estatales por parte de la reaseguradora londinense PWS, entre 1998 y 2002.
Para Rodríguez, la jueza Roxana Burgos Corrales “vino a ratificar mi confianza en los jueces con esta declaratoria de inocencia”, al recordar que hace 3.409 días regresó al país de forma voluntaria tras renunciar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“No perseguí a don Miguel ni perseguí a nadie. No está en mi carácter ser así”, dijo Pacheco sobre lo expresado por Rodríguez, en tanto Dall’Anese señaló que “hace tres años y medio que salí del Ministerio Público, pero el ejercicio de la acción penal en ese caso siguió. Supongo que, si hubiera sido algo personal, el nuevo fiscal general hubiera detenido todas las acciones”.
Por su parte, Constenla afirmó que “el INS nunca ha perseguido a nadie. Nunca hemos hecho ningún comentario público en contra de Miguel Angel Rodríguez por respeto a los Tribunales de Justicia”.
Otros aspectos. El expresidente Rodríguez, de 74 años, apuntó que con esta resolución se cierra un periodo de nueve años en el cual se le quiso involucrar además como partícipe de un programa de electrificación subterránea, con unos créditos especiales donados por el Gobierno de Taiwán a empresas comerciales costarricenses y también en el caso ICE-Alcatel.
Sin embargo, expresó que, pese al daño infligido, no ha pensado en presentar alguna demanda contra el Estado costarricense.
Sobre este mismo asunto, la oficina de prensa de la Fiscalía anunció que apelarán la absolutoria pues “en el fallo existen vicios de fundamentación”. Asimismo, se hizo ver que existen elementos suficientes y adecuados para mantener la acusación en un juicio.
Erick Gatgens, abogado que representó al INS en este proceso, alegó que ha encontrado una buena cantidad de defectos en la resolución que serán apelados ante una instancia superior.
“Sobre el tema de la ilegalidad de la prueba traída del extranjero, es discutible pues se recabó muchos años antes de que se dijera que la forma de obtenerla era ilegal. La jueza tampoco valoró otras pruebas aportadas”, aseguró.
Pero Eduardo Araya, uno de los abogados de Rodríguez, consideró poco probable que esa apelación tenga sustento porque la acusación tiene problemas estructurales muy serios que fueron señalados por la jueza Burgos y que no podrán ser solucionados.
La resolución del Juzgado de Hacienda, presidido por Burgos, también benefició a Cristóbal Zawadzki y Álvaro Acuña Prado, expresidente y exjefe de Reaseguros del INS, respectivamente, así como a Gilda Montes de Oca (esposa de Zawadzki); Roxana Cordero Bogantes (esposa de Acuña) y Rónald Bonilla Rodríguez, exjefe de Seguros del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Asimismo, fueron favorecidos los funcionarios del ICE: Porfirio Brenes Quesada, Antonio Corrales Moya, Ramón Lara Molinari y Roberto González Chinchilla.